Afore Sura está interesada en financiar la compra de las 13 plantas que Iberdrola acordó vender al gobierno mediante el fondo privado Mexico Infraestructure Partners (MIP), aunque aún debe analizar a profundidad la información de los activos y trabajar en los términos y condiciones del acuerdo.
“Tiene que estar muy clara la seguridad jurídica a largo plazo, los economics de los intermediarios que participan para la administración de este CKD tienen que quedar muy claros también”, dijo el director de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) a EL CEO, Emilio Bertrán Rodríguez.
El directivo recordó que el gobierno está buscando participantes tanto en la deuda como en el equity para la operación, por lo que ha tenido conversaciones muy abiertas con el sistema. En el caso de Sura, compartió, las pláticas han sido inicialmente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Bertrán comentó que aún no hay una fecha definida para concretar el acuerdo, ya que es un asunto con etapas legales complejas que involucran firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) para acceder a mayor información que les permita realizar un análisis detallado.
Hemos visto información preliminar (…) estamos en el proceso de indagar a fondo, esto va a requerir de mucho análisis no solo en lo financiero, sino en la parte técnica-operativa de las plantas eléctricas
explicó en entrevista en el marco del Sura Advisory Forum.
Recursos para la compra
A principios de abril el gobierno federal anunció que compraría las 13 instalaciones a la empresa española por 6,000 millones de dólares (mdd), donde el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) aportaría 45,000 millones de pesos (unos 2,590 mdd).
El resto vendría de la colocación de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), un instrumento que permite canalizar recursos de inversión a sectores y actividades con potencial de crecimiento a largo plazo.
Las afores son las mayores inversionistas en instrumentos estructurados —que además de los CKD comprenden a los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPI) y otros fideicomisos— con enfoque en infraestructura, con una tenencia de 87.3% al cierre de septiembre, según datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).
Sin embargo, los estructurados representaban apenas 8.11% de las inversiones de recursos gestionados por las afores a octubre de este año.
Afore Sura, contra metodología para topar comisiones
Respecto al amparo interpuesto por la afore en relación con el tope de comisiones, Bertrán puntualizó que no están en contra del nivel actual de las mismas (de 0.57%) sino a la metodología que se estableció en la reforma de 2020 para calcularla a partir del promedio de los sistemas de pensiones de Chile, Colombia y Estados Unidos.
“Sura tiene interpuesto un amparo al artículo 37 párrafo octavo de la Ley del SAR, de vincular la determinación de las comisiones al extranjero, que nos parece en concepto atroz que un país como México fije sus comisiones en otras soberanías y a todas luces algo inconstitucional”, comentó.
Agregó que la afore ya incorporó la abrupta bajada de comisiones que entró en vigor en 2022 e hizo los ajustes necesarios para operar eficientemente, además de que es razonable que las comisiones sigan bajando en próximos años porque los activos que administra el sistema van en aumento.
En este sentido, la propuesta de la afore es que este párrafo de la legislación se elimine, “la junta de gobierno de Consar y la Consar misma tienen las herramientas suficientes y necesarias para determinar la comisiones, no necesitan de esa ley, nunca se necesitó”, señaló.
Recientemente, el diario Reforma reportó que un juez federal dio la razón al argumento de la empresa, al determinar que se trata de un límite anticonstitucional y arbitrario. El asunto se turnó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se presentarán los proyectos de sentencia en el primer trimestre de 2024.
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