Fabricantes de armas de Estados Unidos como Sturm, Ruger, Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing, Glock, entre otros, consideran acudir a la Corte Suprema del país para pedir que no proceda la demanda del Gobierno de México en su contra.
El gobierno mexicano busca responsabilizarlos por supuestamente facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera y en 2021 interpuso una demanda por 10,000 millones de dólares.
¿Qué se alega en la demanda?
De acuerdo con el gobierno mexicano, los fabricantes de armas relajaron sus estrictas leyes sobre armas al crear, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar, de forma que sabían que estarían apoyando a los cárteles de la droga, lo que facilitó extorsiones, secuestros y asesinatos en la nación latinoamericana.
México afirma que más de 500,000 armas se trafican anualmente desde la Unión Americana, de las cuales más del 68% son fabricadas por ocho empresas incluidas en el caso.
Dicho contrabando ha contribuido a tasas elevadas de fallecimientos relacionados con posesión de armas, a una reducción de la inversión y la actividad económica, y a la necesidad de invertir más en seguridad pública, señala el gobierno local. Sin embargo, las empresas han negado tales acusaciones.
Fabricantes de armas, con la esperanza de ser escuchados
El recurso de buscar a la Corte Suprema para evadir la demanda del gobierno mexicano fue revelado por Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson Brands el viernes durante una audiencia judicial virtual, después de que el mes pasado la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anulara la decisión de un juez para desestimar el caso.
Los fabricantes de armas estadounidenses tienen la esperanza de “salvarse”, ya que, en palabras del abogado existe una “posibilidad razonablemente buena” de que la Corte Suprema acepte escuchar su apelación. Por tal motivo, pidió al juez distrital Dennis Saylor que pusiera el caso en espera hasta que los jueces tomen una decisión sobre su petición.
Este caso involucra un estatuto diseñado específicamente para permitir que este grupo particular de acusados eluda los costos del litigio si el caso en cuestión cae dentro del ámbito del estatuto. Esa misma cuestión sigue siendo la que está en discusión
dijo Lelling
La Corte del Primer Circuito dictaminó el pasado 22 de enero que si bien la ley federal puede aplicarse a demandas de otras naciones, el caso de México “alega de manera plausible un tipo de reclamo que se encuentra legalmente exento de la prohibición general de la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA)”, que brinda a los fabricantes una extensa protección contra demandas por uso indebido de sus productos.
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