Diputados de la oposición denunciaron que Venezuela vendería parte de sus acciones en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para cancelar su deuda con el organismo multilateral.

En diciembre venció un pago de Venezuela con la CAF cercano a 400 millones de dólares, y ante el impago, las firmas calificadoras rebajaron la nota de deuda del organismo que otorga préstamos a países de la región.

El país sudamericano está en mora con sus acreedores desde 2017, pero a la CAF sí le canceló las obligaciones.

“Tenemos información de que la CAF quiere comprar acciones a Venezuela por el monto que nuestro país le adeuda, para de esa forma limpiar su balance financiero y saldar la deuda”, escribió el lunes por la noche en su cuenta de Twitter el diputado Julio Borges, quien es representante en el exterior del jefe del Congreso, Juan Guaidó.

La operación sería revisada en una reunión del directorio de la CAF más tarde este martes, dijeron dos parlamentarios, quienes señalaron que el ente adquiriría esas acciones.

“Entiendo los altos costos que la cesación de pagos de Venezuela le está ocasionando a @AgendaCAF, y el riesgo que pierda su rating de crédito. Pero la solución propuesta de vender las aciones de Venezuela es inaceptable”, escribió el martes en Twitter el economista Alejandro Grisanti, parte del equipo de Guaidó.

 

En 2017 y 2018 el multilateral otorgó préstamos al Banco Central de Venezuela (BCV), dinero que fue utilizado por el emisor para saldar las deudas con el organismo, pero el año pasado la CAF no pudo volver a financiar a la entidad por las sanciones de Estados Unidos.

La CAF no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la venta, al igual que el Ministerio de Comunicación e Información y el Ministerio de Finanzas.

Desde diciembre, la CAF y el gobierno del presidente Nicolás Maduro evaluaban vías para atender la deuda, y ahora se cancelaría a través de la oferta de acciones.

A fines del pasado año la CAF y una oficina de Naciones Unidas contemplaron brindar apoyo financiero al gobierno de Maduro para paliar la crisis eléctrica del país, pero el mecanismo requería el aval de la Asamblea Nacional.

Tras la polémica surgida porque el crédito iba a ser manejado por entidades públicas, Guaidó dijo que el financiamiento estaba congelado y se buscarían otras vías para atender la emergencia eléctrica, sin endeudamiento.