El Salvador se convertirá el martes en el primer país del mundo en reconocer el bitcoin como moneda legal, en medio de un fuerte escepticismo y advertencias de economistas y organismos financieros internacionales.

El gobierno de Nayib Bukele asegura que la polémica medida contribuirá a la bancarización de la población y evitará una pérdida de 400 millones de dólares (mdd) en las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero y que representan el 22% del PIB, aunque algunos expertos lo cuestionan.

En El Salvador, que dolarizó su economía hace dos décadas, la mayoría de los 6.5 millones de salvadoreños rechaza el bitcoin impulsado por Bukele y prefiere seguir usando el billete verde, según las últimas encuestas.

“Ese bitcoin es una moneda que no existe, es una moneda que no va a favorecer a los pobres sino a los acaudalados, porque uno de pobre, ¿qué puede invertir, si a duras penas tenemos para comer?”, mencionó José Santos Melara, un veterano de la guerra civil que el viernes participó en una protesta contra la criptomoneda.

Siete de cada 10 salvadoreños señalaron estar “en desacuerdo o muy en desacuerdo” con el bitcoin, que circulará a la par del dólar, indicó un reciente sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA) que consultó a 1,281 personas a mediados de agosto.

La directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade, asegura que la población se resiste al bitcóin porque no lo considera una vía para mejorar su situación económica.

 Desinterés de la población

El sondeo de la UCA señaló que un 65.2% de la población no está interesada en descargar la billetera electrónica “Chivo” necesaria para hacer compras y ventas en bitcoins, y no está de acuerdo en que el gobierno otorgue el equivalente a 30 dólares como estímulo a los usuarios de la criptomoneda, como ha decidido. 

La Asamblea Legislativa, afín a Bukele, aprobó en junio la ley bitcoin y a fines de agosto avaló un fideicomiso de 150 millones de dólares para garantizar la “convertibilidad automática” del bitcoin al dólar.

La criptomoneda tendrá por ley un poder “libertario ilimitado en cualquier transacción”.

La ley establece que el tipo de cambio entre el bitcóin y el dólar “será establecido libremente por el mercado” y obliga a “aceptar bitcoin como forma de pago”.

El gobierno instalará más de 200 “puntos Chivo”, cajeros automáticos de bitcoin, algunos custodiados por el ejército para prevenir posibles daños de opositores.

Alta volatilidad

Economistas y organismos como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son escépticos sobre la adopción del bitcoin como moneda junto al dólar.

Tendrá un “impacto negativo” en las condiciones de vida de la población dada la “alta volatilidad del precio de la cotización”, e “incidirá en precios de los bienes y servicios”, asegura el economista Óscar Cabrera, de la Universidad de El Salvador.

El hecho de ser determinado “exclusivamente por el mercado” torna al bitcoin “altamente volátil”, alertó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

La Fundación considera además “inconstitucional” que se imponga “la aceptación obligatoria del bitcóin como forma de pago cuando sea ofrecida” en cualquier transacción económica.