La destitución de dos principales fiscales que investigaban los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios, políticos y hasta expresidentes de Perú para ganar obras públicas provocó una crisis política en esa nación.
En una sorpresiva conferencia de prensa el lunes, el fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, anunció la remoción del fiscal superior Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial que investiga el caso llamado ‘Lava Jato’ y la del fiscal José Pérez, parte de este equipo, por supuestamente no respetar la jerarquía en el Ministerio Público.
Pero la decisión tuvo una corta vida. Ante el rechazo generalizado a la destitución, Chávarry restituyó este miércoles en sus cargos a ambos funcionarios.
Una resolución del Ministerio Público entregada a la prensa indicó que “deja sin efecto en todos sus extremos” el cese de los fiscales.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó su enérgico rechazo a la decisión de la cabeza del Ministerio Público y adelantó su regreso a Lima desde Brasil, donde participó en la toma de mando de Jair Bolsonaro.
Vizcarra planeaba presentar un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público y pidió el apoyo del Congreso para evitar una confrontación con el poder Legislativo.
“Exhorto al Congreso a tratar el proyecto de ley con el carácter de urgencia que el caso requiere para no tener que llegar a una cuestión de confianza”, afirmó Vizcarra en una declaración pública.
Frank Almanza y Marcial Paucar, anunciados por Chávarry como fiscales sustitutos, declinaron este miércoles participar en el equipo especial que investiga el caso Odebrecht.
No se quedan de brazos cruzados
Los fiscales Vela y Pérez rechazaron su separación y anunciaron que apelarán la decisión de Chávarry, que según ellos constituye “la toma de la fiscalía por parte de la organización criminal” que investigan, en referencia al partido de la opositora Fujimori.
“Vamos a interponer a primera hora (del miércoles) un recurso de apelación contra la decisión ilegal del señor Fiscal de la Nación para que esa decisión sea reexaminada por la junta de fiscales supremos”, dijo Vela a periodistas.
La remoción de los fiscales se produce semanas después de que se cerrara un pacto de colaboración con Odebrecht, que contempla el pago de una reparación civil por parte de la firma y su cooperación en las investigaciones contra políticos y funcionarios que habrían recibidos sobornos.
A la remoción de los fiscales se sumó la amenaza de renuncia de otros tres integrantes del equipo de investigación a Odebrecht, Germán Juárez, Norma Gómez y Carlos Puma, quienes en un comunicado conjunto rechazaron la decisión de Chávarry.
Protestas en camino
La medida del fiscal general fue rechazada por varias organizaciones civiles, y cientos de personas realizaban protestas por las calles de Lima portando banderas peruanas desde la noche del lunes, mientras eran vigiladas por policías con escudos de plásticos pese al feriado del Año Nuevo.
Los fiscales Vela y Pérez, que planeaban viajar a Brasil a mediados de enero para interrogar a ejecutivos de Odebrecht en el marco del acuerdo de colaboración, estaban investigando recientemente los vínculos de Odebrecht con el expresidente Alan García, así como con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Asimismo, tenían a su cargo las pesquisas contra los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo por recibir presuntos aportes ilegales de Odebrecht.
El fiscal Pérez, en unas breves declaraciones a la prensa local, se mostró “indignado” por su remoción y dijo que se vio forzado a retornar a su oficina a lacrar la puerta de ingreso para resguardar “información sensible” sobre su pesquisa.
Vizcarra dijo el lunes que Odebrecht no debería poder seguir trabajando en Perú porque la empresa constructora brasileña había “contaminado la actividad privada” y admitió haber sobornado a funcionarios públicos.
