Con información de Alejandro Juárez.
Mientras que la pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque a los servicios de salud de todo el mundo, en México algunos gobernadores han llamado a romper el pacto fiscal.
Los gobernadores de Jalisco, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, han pedido un cambio al pacto; incluso, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que dejará el acuerdo ante la falta de apoyos fiscales del gobierno federal hacia las empresas para enfrentar la crisis.
No obstante, abandonar este mecanismo, plasmado en la Ley de Coordinación Fiscal, es prácticamente inviable y nada recomendable en este momento, de acuerdo con especialistas consultados.
No es el momento para discutir si algún estado se sale del sistema nacional de coordinación fiscal, si se queda o hay que revisar la fórmula de cómo se compone, puede ser que tengan o no razón, pero en este momento lo que hay que atender es la contingencia sanitaria (…) No es la primera vez que un gobernador amaga con abandonarlo
comentó Pedro López Elías, presidente y socio fundador de López Elías Finanzas Públicas.
Para la distribución de los recursos federales a los estados se toman dos conceptos principales: la población de cada entidad para efecto de las participaciones (dinero que los estados y municipios ejercen libremente), mientras que las aportaciones (recursos etiquetados) están destinadas a disminuir el rezago social, por lo que los estados más pobres reciben mayores recursos por esta vía.
De acuerdo con López Elías, en general el dinero que reciben todos los estados es insuficiente, pero indica que, el abandonar el acuerdo no es voluntad de un gobernador, sino que lo define el Congreso estatal y en caso de querer salir, también es importante saber cuánto dinero dejarán de percibir, ya que no recibirán recursos federales.
Los ingresos propios de los estados representaron en promedio sólo 8.7% de los ingresos totales de 2014 a 2018, mientras que las transferencias federales (participaciones, aportaciones y convenios) representaron 91.3% de los ingresos totales, de acuerdo con datos de Moody’s.
Por ejemplo, Nuevo León, uno de los estados más prósperos, con una población de 5.53 millones de habitantes recibió el año pasado 42,097 millones de pesos por participaciones. Chiapas, con una población de 5.65 millones, recibió 31,812 millones de pesos.
Por concepto de aportaciones, Chiapas, que tiene 4.18 millones de personas en pobreza, recibió en 2019 un total de 46,862 millones de pesos y Nuevo León, con 738,000 personas en situación de pobreza, recibió 24,719 millones de pesos.
Además hay un problema técnico que no afectaría a todos, pero sí estaría presente. El IVA y el ISR de personas morales son de naturaleza federal. Una empresa que tiene plantas en muchos lugares del país, a lo mejor hace la declaración fiscal en Monterrey, pero no está claro en qué parte del territorio agregó valor
dijo Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Agregó que el tecnicismo radica en que se necesitaría saber dónde deben pagarse los impuestos, para lo que se requiere de un sistema de precios de transferencia, y la pregunta serían quién los calcularía y cuánto se agregó de valor en cada lugar.
Mientras tanto, la caída de la economía mexicana reducirá las participaciones federales para los gobiernos locales y regionales. El gobierno estima una insuficiencia de 76,000 millones en 2020, esto es 8% menos que el monto presupuestado en 2020, según los Pre-Criterios de Política Económica 2021.
Moody’s, estima las transferencias crecerán solo 1% en 2020 y 2021, lo que resulta menor al crecimiento promedio observado de 8.5% entre 2015 y 2019 y el crecimiento de 3 a 4% que pronosticaban en su perspectiva 2020.
Por otra parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a los líderes mundiales que no politicen la pandemia, que “pongan en cuarentena la política porque hay miles de vidas en juego”.
Los especialistas coincidieron en que en este momento no es recomendable, aunque sí tendrán que discutirse posibles cambios una vez que pase la emergencia sanitaria, para tener un sistema fiscal equitativo y que realmente resuelva los rezagos sociales.
Para López Elías, también resulta necesario que el gobierno federal apruebe mayores estímulos fiscales, en especial para las pequeñas y medianas empresas del país.
Las pymes general 72% de los empleos formales y representan 52% del PIB nacional.
Tintes políticos
La Ley de Coordinación Fiscal está vigente desde el sexenio del expresidente José López Portillo. Su aplicación es parte de la reforma fiscal más importante de las últimas décadas en México. El acuerdo establece las bases y procesos para el reparto de los ingresos fiscales entre la Federación y las 32 entidades de la República.
El llamado pacto fiscal federal “fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación (…) a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios”, de acuerdo con una definición de la Cámara de Diputados.
La mayor parte de la repartición del Presupuesto federal se da a través de los ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Mientras que los recursos del primero no están etiquetados, los del segundo están relacionados con las áreas de educación, salud, y combate a la pobreza.
Históricamente, los ramos 28 y 33 han sido los principales rubros de gasto federalizado. Entre 2007 y 2018 estos dos abarcaron 80.1% del rubro y para 2020 crecieron a 86.4%, de acuerdo con una investigación del CIEP.
Gracias a los citados Ramos, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas recibieron 257,567 millones de pesos en 2020, equivalentes a 7% de su aportación al PIB nacional en 2018.
Sin embargo, el debate sobre el reparto parece tener tintes políticos, debido a que a ningún estado le conviene abandonar el esquema actual, de acuerdo con Héctor Villarreal.
Pese a las quejas de los funcionarios, el replanteamiento y la salida de alguno de los estados luce imposible, ya que “eso significaría para cada uno dejar de ingresar ese aporte federal, pero no podrían dejar de pagar impuestos como el IVA o el ISR”, dice Villarreal.
