
Fobaproa: la deuda que México sigue pagando y que podría no terminar de saldar
La deuda del Fobaproa es una obligación que todos los mexicanos pagan con sus impuestos y actualmente asciende a más de un billón de pesos
La deuda derivada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) se convirtió en una obligación prácticamente impagable para los mexicanos debido a su actual estructura de pago, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina, la mandataria hizo referencia a un estudio elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyos resultados muestran que el adeudo difícilmente terminará de pagarse en el plazo previsto, ya que los pagos actuales solo cubren una parte de los intereses, mientras el capital permanece pendiente.
Presentarán evolución del Fobaproa
La presidenta adelantó que su gobierno presentará, durante una de sus conferencias matutinas, un análisis sobre el origen del Fobaproa, las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo y la situación actual de sus pasivos.
Sheinbaum señaló que anteriormente se estimaba que la deuda terminaría de pagarse en 2050; sin embargo, consideró que, bajo las condiciones actuales, difícilmente se alcanzará ese objetivo.
“Es una deuda prácticamente impagable para las y los mexicanos”, afirmó Sheinbaum.
¿Qué es el Fobaproa?
El Fobaproa fue creado en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como un mecanismo para enfrentar posibles crisis financieras, problemas de liquidez en las instituciones bancarias y proteger los depósitos de los ahorradores.
El fondo adquirió especial relevancia después de la crisis económica de 1994, conocida como el “error de diciembre”, cuando la fuerte depreciación del peso y el aumento de las tasas de interés provocaron una crisis financiera. Por ello, en 1995 se activó el mecanismo.
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el Fobaproa fue utilizado para apoyar a las instituciones financieras con problemas y absorber parte de sus carteras vencidas. El objetivo era evitar una quiebra generalizada del sistema bancario y proteger a los ahorradores.
De esta forma, el Gobierno Federal adquirió la deuda de los bancos por 552,300 millones de pesos en ese momento. Sin embargo, el rescate generó una fuerte controversia debido a que una parte importante de las obligaciones que originalmente correspondían a instituciones privadas terminó convirtiéndose en deuda pública.

De deuda privada a deuda pública
El proceso para convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública quedó formalizado en 1999, cuando el Congreso aprobó la legislación que dio paso al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Con este cambio, los pasivos derivados del rescate bancario pasaron a ser responsabilidad del Estado y su pago quedó vinculado a recursos públicos.
La medida generó críticas desde distintos sectores, que cuestionaron que los contribuyentes terminaran asumiendo el costo de obligaciones originadas en el sistema financiero privado, particularmente ante los señalamientos de que el rescate benefició a grandes grupos económicos con recursos provenientes de los impuestos de los mexicanos.
¿Cuánto se ha pagado?
De acuerdo con cifras de la SHCP, los pasivos asociados al Fobaproa y a los programas de apoyo a deudores se han mantenido durante décadas y continúan generando costos para las finanzas públicas.
Hasta julio de este año, la deuda asociada al Fobaproa —que se compone de los pasivos del IPAB y del programa de apoyo a deudores de la banca— alcanzó 1 billón 165,351 millones de pesos, monto que continúa cubriéndose con recursos públicos.
La discusión sobre el Fobaproa permanece vigente debido al tiempo que ha tomado cubrir sus pasivos y al costo financiero que representan para el país. En ese sentido, la presidenta Sheinbaum aseguró que, con el comportamiento actual de la deuda, la proyección de concluir su pago en 2050 podría no cumplirse.
¿Y si no se paga el Fobaproa?
Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que suspender los pagos de esta deuda sin una ruta legal clara podría tener consecuencias económicas graves, como una pérdida de confianza en la deuda soberana mexicana y una mayor presión sobre las finanzas públicas.
Ante este escenario, la mandataria consideró necesario abrir un diálogo técnico y político para revisar la situación del Fobaproa y plantear una alternativa viable sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Aunque la discusión sobre dejar de pagar el Fobaproa continúa vigente, la situación es más compleja debido a los compromisos financieros existentes. México continuará destinando recursos a estos pasivos, al menos mientras no exista un cambio estructural respaldado por un consenso entre autoridades, instituciones financieras, especialistas y otros actores involucrados.
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