El comercio ambulante puede ser la fuerza trabajadora que dé impulso para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortalezca la recaudación y crezca el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en momentos en que el nuevo gobierno ha prometido no elevar ni crear nuevos impuestos, por lo menos en sus primeros tres años.
Hasta ahora no hay una cifra exacta del número de comerciantes que trabaja en la vía pública a nivel federal, mientras que los más de dos millones ubicados en la Ciudad de México buscan un reordenamiento organizado que les otorgue certeza jurídica a su actividad y con el que, además, paguen impuestos ante el fisco y no a las alcaldías, como ocurre ahora.
Si se amplía la base de contribuyentes con la formalización de ambulantes a nivel federal, la tasa de impuestos para quienes pagamos debería disminuir, mientras que el gobierno tiene mayores recursos para seguridad, infraestructura y programas sociales
Salvador Rotter, integrante de la comisión de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Durante el primer trimestre de este año, 53% de los 56 millones de trabajadores se empleó en la informalidad, de acuerdo con datos del INEGI. Esta fuerza laboral aporta 22.7% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, por cada 100 pesos generados, 23 pesos corresponden a la economía informal.
Los vendedores que laboran en la vía pública presentarán al gobierno de la capital del país -por medio de asociaciones civiles- una propuesta para entablar mesas de diálogo y así, delimitar una nueva forma de comercio popular, que termine con la discriminación de este sector, al que se señala de propiciar el trabajo informal.
En la Ciudad de México, los ambulantes pagan entre 800 y 1,000 pesos por uso de piso a las alcaldías cada trimestre -aunque desconocen el uso que se les da a estos recursos-, pero algunos evaden esta obligación y no están registrados ante las autoridades.
A nivel local, pagos como el derecho de uso de suelo se finiquitan en las ventanillas de las oficinas de los gobiernos locales, en donde se recibe el dinero en efectivo, situación por la que, en algunos casos, no se tiene un registro de los recursos.
Que el SAT maneje los impuestos propicia la transparencia, dado que, los pagos se hacen en instituciones bancarias y quien se encarga de administrar los recursos es el gobierno federal.
Proponemos dar continuidad al reordenamiento que comenzó en la pasada administración y que no se ha terminado. Queremos tener certeza jurídica bajo el esquema de autoempleo y hacer nuestras aportaciones a Hacienda para que se registren todos los pagos porque no hay transparencia con las contribuciones que realizamos
Diana Sánchez Barrios, presidenta de la asociación civil ProDiana.
Las personas que trabajan en el comercio ambulante deben registrarse ante el SAT bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que considera a personas físicas que realizan una actividad comercial o prestan algún servicio que no requiere título profesional, y cuyos ingresos anuales no excedan los dos millones de pesos.
Este régimen fiscal permite la emisión de facturas, notas de remisión y la administración de ingresos y egresos en el aplicativo ‘Mis Cuentas’, del portal de internet del SAT, en donde el fisco tiene el registro de las facturas digitales.
A marzo de este año, el padrón del SAT registró a 73 millones de contribuyentes, de los cuales, 5.2 millones operan bajo el RIF.
El paso a la formalidad
El comercio en la vía pública es una opción para personas que no logran acceder a empleos formales por su condición social , entre ellos personas con alguna discapacidad, población indígena o madres solteras, quienes suelen ser discriminados.
Las autoridades deben de trabajar de manera coordinada para que se puedan incorporar sin problemas, no es difícil, ya que en general los nuevos contribuyentes buscan claridad. El RIF da muchas facilidades, pero será necesario que la próxima reforma fiscal los considere como un nuevo régimen con base en sus capacidades económicas
Edilberto Castro, consultor fiscal.
Como parte de este proceso de formalización y reordenamiento, los comerciantes también quieren profesionalizar sus servicios y para ello capacitarán a los trabajadores sobre el manejo de alimentos, basura y sustentabilidad.
En este sector nos organizamos desde la sociedad civil para solicitar el reordenamiento eficaz. Queremos terminar con la criminalización y discriminación que sufre este sector, porque pagamos impuestos directos e indirectos y la gente trabaja para cubrir sus necesidades
comentó Diana Sánchez Barrios.
