Aseguradora pública del ISSSTE para pensiones sería una ‘trampa fiscal’
El Gobierno contempla la constitución de una nueva aseguradora para gestionar el pago de pensiones ante la presión de la CNTE.
La propuesta del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de crear una aseguradora pública de pensiones representaría una trampa para el uso de recursos, además de que amenaza con vulnerar el marco y los lineamientos que utiliza el Estado para administrar las finanzas públicas, indicaron analistas consultados por EL CEO.
El pasado 8 de junio, Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que se contempla la creación de una aseguradora totalmente pública para gestionar los pagos mensuales de pensiones de los maestros.
Lo anterior como respuesta a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes exigen la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 —impulsada por Felipe Calderón— ya que estiman que sus pensiones se precarizaron a partir de dicha modificación.
Consideramos que PensionISSSTE puede ser un eje articulador de un esquema basado en solidaridad. Esta es la opción viable, porque no podemos desaparecer de un día para otro el régimen de las cuentas individuales (de la reforma a la Ley del ISSSTE)”, expuso Batres.
Por lo anterior, añadió, el único planteamiento factible para el Gobierno recae en el fortalecimiento del PensionISSSTE a través de diversas acciones, entre ellas, la instauración de una nueva aseguradora sin fines de lucro.
La creación de esta aseguradora pública estará dedicada exclusivamente al tema de las pensiones, para acompañar a PensionISSSTE en la función de administrar la entrega mensual de la pensión del trabajador retirado”, puntualizó el director del ISSSTE.
Claudia Sheinbaum también busca fortalecer la Afore PENSIONISSSTE / Fotoarte: Natalia MontielAseguradora pública “no implica buen manejo de recursos”
Martí Batres señaló que PensionISSSTE tiene el potencial de crecer a partir de la creación de la nueva aseguradora pública, además de que cuenta con la comisión más baja de las Afores y con un reparto de utilidades.
Sin embargo, Abraham Vela Dib, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), vaticinó que incluir otra aseguradora sin fines de lucro al actual sistema no asegura un buen manejo de los recursos.
“Debido a la austeridad, el comité de inversiones de PensionISSSTE tiene poca capacitación; por ello, sus rendimientos son más bajos que los de las demás Afores privadas a pesar de su baja comisión. No es una Afore, a pesar de que realiza las funciones de una”, explicó Vela Dib.
Agregó que el reparto de utilidades señalado por Batres no es entre los trabajadores en general ni dirigida hacia los que menos aportan, sino en aquellos que realizan su ahorro voluntario.
Vela Dib indicó que faltaría por ver si esta nueva aseguradora pública va a estar sujeta a la misma regulación y supervisión que establece la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) para las aseguradoras privadas, la cual exige niveles mínimos de solvencia, liquidez y reservas técnicas para que puedan operar.
Concebir aseguradora pública es una ‘puerta falsa’
El proyecto de lanzar una aseguradora pública es una trampa y un intento de salida rápida para intentar calmar las demandas de la CNTE, consideró José Carlos Rodríguez, profesor del área de Entorno Económico de la IPADE Business School.
“Crear una aseguradora podría inflar en el futuro y de manera paulatina las pensiones efectivas de los trabajadores del Estado, en específico, de los maestros”, señaló Rodríguez.
Asimismo, el académico explicó que el sistema actual de cuentas individuales que se convierten al momento del retiro en anualidades administradas por aseguradoras privadas es un instrumento de protección para minimizar riesgos.
“La vulnerabilidad fiscal que generaría una aseguradora pública es enorme ante la tentación de pagar pensiones que no estén respaldadas por el valor de capital de las cuentas bajo la administración de la aseguradora pública”, advirtió Rodríguez.
Lo anterior, abundó, podría replicar de facto el esquema de pensiones con fondeo solidario, cuyo déficit recaería en las autoridades encargadas de financiar el gasto público.
Cabe señalar que con datos a abril pasado, el gasto del Gobierno sólo en las pensiones contributivas ascendió hasta un récord de 559,790 millones de pesos en el acumulado del primer cuatrimestre del año, representando un 25.4% del gasto total programable contemplado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2026.
“La creación de una aseguradora pública es una puerta falsa como tantas que proponen los que no tienen el valor de poner un alto a las extorsiones de la CNTE”, sentenció el profesor de la IPADE Business School.
Una presión de 20 puntos del PIB
Martí Batres aseguró que no puede desaparecer el régimen de cuentas individuales de la reforma de 2007 ya que el Gobierno necesitaría una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) para levantar un nuevo fondo para gestionar las pensiones.
“No se puede abrogar la Ley del ISSSTE en este momento porque el Estado no puede tomar las cuentas individuales que actualmente existen ya que cada una de ellas tiene un dueño y porque el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB para constituir un nuevo fondo“, expuso el director del ISSSTE.
Al considerar la última estimación del PIB del Inegi al primer trimestre de 2026, el porcentaje señalado por Batres escalaría hasta los 7.091 billones de pesos corrientes en valores nominales.
De acuerdo con el último Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México (Banxico), las 10 Afores que operan en el sistema cuentan con una participación de activos de 23.5% como proporción del PIB, algo similar a 8.160 billones de pesos.
También lee:
