Una comisión bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos expresó su preocupación ante el avance de la reforma al Poder Judicial en México, por lo que solicitan que Katherine Tai, representante de Comercio de la Unión Americana, entable un diálogo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para prevenir posibles afectaciones comerciales.
La comisión integrada por 10 miembros de la Cámara de Representantes —mayoritariamente del Partido Republicano— señalaron que la reforma judicial impulsada por AMLO podría representar un riesgo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Aunque los políticos reconocieron la soberanía mexicana para actualizar su Constitución, señalaron que es probable que algunas modificaciones a la ley comprometan el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable e imparcial.
La reforma al Poder Judicial es un obstáculo para las inversiones
En la misiva los representantes externaron su preocupación por los esfuerzos del Gobierno de México para prohibir y limitar ciertos métodos de extracción, tales como la explotación de litio, la restricción de operaciones eléctricas y las importaciones de maíz transgénico.
Tales políticas pueden socavar la competitividad de América del Norte y crear un entorno desafiante para las empresas relevantes que buscan operar bajo las reglas del T-MEC en México, explicó la comisión bipartidista.
Cualquier acción que contravenga las obligaciones del T-MEC crearán dudas significativas sobre el compromiso con nuestros objetivos compartidos e inevitablemente harán que el proceso de revisión sea más difícil
dijo la comisión.
Ante los desafíos que vislumbran las partes interesadas estadounidenses por el rápido avance de la reforma al Poder Judicial, solicitaron una sesión informativa sobre el compromiso de México con el T-MEC.
Además, los representantes bipartidistas pidieron una respuesta escrita por parte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) a las siguientes preguntas antes del 20 de septiembre:
- ¿Cuál es la posición de la Administración Biden-Harris sobre las reformas constitucionales propuestas relacionadas con la energía, minería, maíz transgénico, agencias reguladoras autónomas?
- ¿Cuál es el impacto previsto que estas reformas tendrán en las empresas y los inversores estadounidenses?
- ¿Cómo se alinearían estas reformas con las obligaciones de México bajo el T-MEC?
- ¿De qué manera la USTR ha interactuado con las partes interesadas estadounidenses para defender sus intereses?
- ¿Cómo ha estado colaborando el USTR con el Gobierno de México en estas reformas constitucionales desde que se anunciaron las iniciativas?
- ¿Cuál es la estrategia a largo plazo del USTR para proteger marcos regulatorios confiables e imparciales y el acceso al mercado para industrias estadounidenses? ¿Deberían promulgarse estas reformas?
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