Dos jueces de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México desecharon dos amparos promovidos por jubilados de manera individual, en contra de la reforma al artículo 127 de la Constitución, en la que establecen topes a las pensiones a varias dependencias gubernamentales como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras.
Desde el pasado 13 de abril, jubilados afectados por los cambios iniciaron protestas y presentaron diferentes recursos en contra de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para topar las pensiones de diferentes instituciones del Estado Mexicano a 70,000 pesos.
En su resolución, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó que desecharía la demanda a pesar de la violación de derechos fundamentales a los que incurre el decreto, ya que la ley actual eliminó la capacidad de los jueces de distrito de evaluar si una ley es constitucional o no.
A pesar de las violaciones a derechos fundamentales en las que pudiera estar incurriendo el decreto reclamado, al ordenar la limitación de pensiones otorgadas a personas como la aquí quejosa, el marco normativo que actualmente rige la tramitación y resolución del juicio de amparo ha desprovisto a los jueces de Distrito de cualquier respaldo constitucional, legal o jurisprudencial que permita evaluar la constitucionalidad o la convencionalidad de preceptos de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
según lo que determinó el juez Rivera González.
Respecto al otro amparo, el juzgador lo desechó sin dar más explicaciones sobre su resolución.
La reforma contra las pensiones doradas la publicaron en el DOF el pasado 10 de abril. / Imagen: Captura de pantalla.Abogados piden no desechar amparos
Durante una protesta frente a los juzgados administrativos, el abogado Rodolfo Martínez pidió que no se desecharan los amparos y que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) permita que los jueces reciban los asuntos.
Hacemos un llamado respetuoso, pero muy enérgico, al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para que permita a los jueces constitucionales hacer su trabajo, porque esta reforma es regresiva y vulnera los derechos humanos que el estado mexicano se le obliga en los tratados internacionales
pidió el litigante.
Esta semana se espera a que el despacho Trusan & Roma, Abogados presente, en representación de los jubilados, al menos 1,700 amparos de jubilados de instituciones como Banobras, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), Banrural y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), además de otras 700 demandas de jubilados de la CFE y 700 trabajadores más de Pemex.
Estas demandas tienen que ser admitidas por el Poder Judicial de la Federación, porque si no, están incumpliendo su compromiso de garantizar la tutela efectiva a la justicia de personas de edad, de adultos mayores vulnerables
señaló el abogado.
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