Las medidas implementadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener mayores recursos por parte de los grandes contribuyentes pueden resultar contraproducentes no solo para las finanzas públicas, sino para el empleo que se genere en el país en el corto y mediano plazo, indicaron especialistas.
El aumento de las auditorías y la implementación de la ley contra las factureras, que equipara la evasión y elusión fiscal como delincuencia organizada, genera un ambiente poco alentador para las grandes empresas, que representan el 0.02% del total de contribuyentes, añadieron.
“No es una buena estrategia basar el crecimiento de toda tu recaudación a través de actos de fiscalización que son muy agresivos. El que los grandes contribuyentes estén aportando más no es algo nuevo como se dice, siempre han sido los que más aportan al erario”, dijo Miguel Ángel Estrella Barona, experto de la Consultora de Impuestos Internacionales.
Los 11,980 grandes contribuyentes que registró el SAT en 2019 aportaron a las arcas del gobierno 1.63 billones de pesos, lo que representó el 51% del total de los ingresos tributarios.
En el periodo enero-agosto de 2020, la fiscalización a los grandes contribuyentes dejó ingresos por 154,957 millones de pesos, de los cuales 77,829 millones de pesos fueron en efectivo (un aumento de 184.8%, en términos reales y respecto a los primeros ocho meses del 2019) y 77,128 millones de pesos fueron virtuales, según cifras del SAT.
Empresas pagan, pero podrían continuar litigio
Las empresas como Alsea, Walmart, América Movil y BBVA que decidieron pagar para aclarar su situación con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y el SAT, aún pueden interponer litigios, dijo Estrella Barona.
“Pudieron amedrentarlos con temas penales para que pagaran, pero creo que no fue la mejor forma porque no se ha tenido una decisión final de un juez y si el litigio continúa y el juez le da la razón a la empresa, el SAT tendrá que devolver el dinero y con intereses”, expuso el especialista.
La Asociación Internacional de Abogados (IBA, por su sigla en inglés) envió una carta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitando que ponga un alto a las amenazas que realizan algunos trabajadores de la PFF y del SAT para que los contribuyentes no acudan con sus abogados o contadoras para aclarar alguna discrepancia fiscal.
Si bien hay que reconocer que el SAT no está perdonando a ningún tipo de empresa por ser amigo de algún funcionario, sí debe tener un límite porque no puede ser tu base para que la recaudación crezca año con año. No es sostenible, indicó Gabriel Farfán, consultor en finanzas públicas y director de Comunidad Mexicana de Gestión Pública.
“Si una empresa se encuentra vulnerable por la situación económica que vive el país y debe continuar con el pago de impuestos va a terminar por cerrar y ello afectará a los trabajadores, las familias y el consumo”, agregó el consultor.
De los ingresos que fiscalizó el SAT a los grandes contribuyentes, el 52% se concentró en los sectores energético, telecomunicaciones y financiero con un total de 80,637 millones de pesos.
Política fiscal que aumente la base de contribuyentes
Los especialistas comentaron que los ingresos del país no pueden estar apalancados con estrategias de eficiencias recaudatorias, sino que debe crearse una política fiscal progresiva en la que contribuyan todos los mexicanos.
“Hay una gran cantidad de personas que no están pagando impuestos, entonces, el mensaje debe ser generalizado en el sentido de que todos deben pagar impuestos y no solo los grandes contribuyentes”, comentó Farfán.
Se debe tener una estrategia más equitativa y proporcional. Una opción podría ser que las personas que quieran obtener algún beneficio de un programa social, deben darse de alta en el SAT, para que con ello se tenga un mayor control no solo del gasto, sino de los ingresos, consideró el especialista de la Consultora de Impuestos Internacionales.
Si bien existió un abuso sobre los créditos y las condonaciones fiscales en gobiernos pasados que dejó pérdidas al erario por más de 400,000 millones de pesos, se deben mejorar las medidas para que los contribuyentes paguen sus impuestos, sin llegar al acoso fiscal, coincidieron.
