La empresa constructora de vivienda GEO, que en algún momento fue la más grande del país, se declaró en quiebra.
“En virtud de que el efectivo disponible de la Sociedad para continuar como negocio en marcha y hacer frente a sus obligaciones es insuficiente (…) se ordena la disolución y liquidación de la misma”, dijo la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
La empresa, fundada por Luis Orvañanos, también argumentó su incapacidad para generar nuevos negocios que le permitan cumplir con su plan de negocios, además de que tiene problemas para generar efectivo y/o captar recursos suficientes para realizar sus actividades de construcción, desarrollo y operación comercial de bienes inmuebles.
Esta es la culminación de un largo proceso de la empresa por salir de una crisis que comenzó en 2013 y que, finalmente, la extinguió.
“El sector en general enfrentó dificultades desde 2013 cuando el gobierno anunció una nueva política de vivienda”, dijo Carlo Pérez, analista del sector de Ve Por Más.
Desde 2008, las constructoras estaban sensibles porque los bancos les cerraron la llave del crédito principalmente por la crisis financiera originada en Estados Unidos en el sector inmobiliario. Así que la nueva política de vivienda en México agravó su situación, argumentó la empresa en su momento, y cuya postura consta en sus informes.
En 2013, el gobierno anunció algunas medidas que tenían por objetivo concentrar el desarrollo de vivienda en zonas cercanas a los centros urbanos y de trabajo, de manera que otorgó beneficios en forma de subsidios a las empresas que construyeran casas dentro de ciertos perímetros geográficos.
Geo tenía algunas reservas territoriales y desarrollos fuera de esos límites. A eso se sumaron cambios en la reglas para entrega de los subsidios y mayores requisitos para otorgar crédito hipotecario a personas, según la empresa.
Al dedicarse principalmente a la construcción de vivienda económica o de interés social, tenía una alta dependencia a los subsidios y otros apoyos de gobierno para poder colocar entre la población las viviendas que construía.
“Los desarrolladores enfocados a la vivienda de interés social con subsidio tienen un ciclo de producción donde se requiere producir y dejar ‘congelada’ la vivienda algunos meses para luego formarse a la “cola” de subsidios, lo cual demanda una necesidad de capital de trabajo importante”, dijo la empresa en una presentación a inversionistas en marzo de 2017.
La crisis se agudizó
Con las dificultades que arrastraba desde 2013, la empresa entró en concurso mercantil en 2014, pero logró salir. En 2016, la empresa libró la quiebra y logró un proceso de reestructura de sus deudas gracias una inyección de capital. Sin embargo, el dinero no fue suficiente.
En el primer trimestre de este año, cuando reportó sus resultados por última vez a la Bolsa, Geo únicamente vendió 303 casas. Y ya no ha podido vender más.
Esa cifra es muy inferior a los niveles que tenía en 2012, cuando vendió 55,485 casas. El año siguiente vendió 15,770; 4,124 en 2014 y 1,736 en 2015.
Los más afectados
El principal afectado será Banorte, de Carlos Hank González. El banco, a través de su subsidiaria Sólida, inyectó a Geo 3,500 millones de pesos en 2016, de la mano del fondo Capital Inmobiliario, de Juan Carlos Braniff, para que la constructora saliera del concurso mercantil.
Algunos medios de comunicación reportaron en mayo que Capital Inmobiliario analizaba desinvertirse de la empresa, pero El CEO no encontró ninguna confirmación en sus informes financieros ni notificación a la Bolsa sobre alguna desinversión.
También están sus tenedores de bonos. Actualmente, la empresa tiene 18,432 millones de pesos en deuda en la Bolsa emitida a través de bonos corporativos, de acuerdo con datos de Bloomberg.
Según Geo, la asamblea de accionistas designó a Daniel Tapia Izquierdo como liquidador de la Sociedad, a quien le otorgó facultades para realizar las acciones que permitan lograr una liquidación ordenada.
El liquidador sustituirá a los miembros del Consejo de Administración, a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, al secretario, al director general y a los demás directivos relevantes de la Sociedad en el desempeño de sus respectivas funciones una vez que su nombramiento como liquidador sea inscrito en el Registro Público del Comercio.
