ciberseguridad

Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa refiere a que, aunque tipifica la extorsión como delito grave, otorga a las autoridades facultades para acceder a líneas telefónicas, mensajes de texto, cuentas de redes sociales y otros medios digitales de las víctimas, siempre con una orden judicial, con el argumento de comprobar si se utilizaron sin su consentimiento.