Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará denunciar penalmente a Grupo México y sus socios de la empresa española Acciona, la elaboración de denuncias penales en contra de las empresas siguen su curso en la Fiscalía General de la República (FGR) y ya se han extendido a otras instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con el periodista y director general de EL CEO, Mario Maldonado, el presidente convocó a una reunión en Palacio Nacional el próximo sábado 9 de septiembre para conocer el avance de las investigaciones y la próxima judicialización de las carpetas de investigación.
La decisión del mandatario federal se tomó luego de que las empresas involucradas no reconocieron el acuerdo para retirar la demanda por más de 5,000 millones de pesos que interpusieron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el término anticipado del contrato.
El delito que se busca imputar a los directivos de Grupo México y Acciona es el de peculado; sin embargo, representantes de la Consejería de la Jurídica de la FGR y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ven complicado que las acusaciones prosperen en el Poder Judicial, no sólo por el enfrentamiento entre el gobierno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también por lo endeble de la acusación, señala Maldonado.
Las fuentes del periodista detallaron que las tres partes del gobierno acordaron abrir toda la información fiscal, legal, contractual y financiera de Grupo México, sin excepciones, incluso las relacionadas al secreto fiscal y bancario, relata en su columna publicada en El Universal.
(Fotoarte: Andrea Velázquez)
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Antecedentes del conflicto
El pasado 14 de agosto el presidente López Obrador solicitó denunciar penalmente a Grupo México, específicamente a los propietario liderados por Germán Larrea y sus socios de Acciona, por el incumplimiento de los acuerdos en la obra del Tramo 5 Sur del Tren Maya y la retención de recursos públicos.
El acuerdo al que hace referencia la denuncia fue firmado el 31 de mayo pasado en Palacio Nacional, en el marco de las negociaciones del gobierno de AMLO con el empresario Larrea para la recuperación de la concesión de 128 kilómetros de vías férreas de Grupo México en Veracruz.
El convenio extrajudicial incluía que Grupo México devolviera cerca de 1,500 millones de pesos de los más de 5,000 millones que Fonatur le había otorgado como anticipo para desarrollar la obra ferroviaria; sin embargo, el convenio no fue reconocido por Acciona.
“La operación de Estado contra Grupo México y sus socios es un mensaje para todos los empresarios e inversionistas que se atrevan a desafiar al gobierno de López Obrador jurídicamente”, concluyó Maldonado en su columna.
