La justicia española anunció este lunes que autorizó la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, quien deberá responder por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y que habrían financiado la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, indicó que “se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega” de Lozoya, quien la semana pasada aceptó expresamente su extradición a México, prometiendo colaborar para esclarecer los hechos imputados.
Lozoya, muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga, en el sur de España, el pasado 12 de febrero, y se encontraba en prisión preventiva.
Va a estar protegido y viene con el acuerdo de informar sobre todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa
dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este lunes.
“Va a informar si hubo estos sobornos, quién entregó el dinero, para que se usó el dinero, si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas, se va a abrir la investigación, se va a conocer lo que sucedió”, afirmó el mandatario.
Las causas contra Lozoya
El exdirectivo de Pemex está reclamado en su país por dos causas. La primera de ellas es la compra, por parte de una filial de Pemex en 2013, de Agro Nitrogenados, una vetusta planta de fertilizantes por casi 500 millones de dólares, un precio exagerado dado que la instalación no se utilizaba desde hacía 14 años.
El vendedor fue la empresa Altos Hornos de México, y su entonces presidente, Alonso Ancira Elizondo, también fue reclamado por la justicia mexicana.
Al igual que Lozoya este empresario fue detenido en España, en 2019, y en mayo de este año la Audiencia Nacional acordó su extradición, aún pendiente de ejecución.
La otra causa por la que fue reclamado Lozoya en México es el presunto pagos de millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos de obra pública.
Lozoya fue el director de asuntos internacionales de Peña Nieto en la campaña de la elección presidencial de julio de 2012, y durante los tres años anteriores ejerció de asesor de Odebrecht en México, “lo que dio como resultado que la empresa obtuviese diversos contratos de obra”, según recordó la Audiencia Nacional.
El auto, fechado el 2 de julio en Madrid y difundido este lunes, detalla que en marzo de 2012 Lozoya pidió a Odebrecht “que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI”, la formación de Peña Nieto, y añade que “en los meses abril a junio y en noviembre de 2012” la constructora realizó “hasta 8 transferencias por un total de 4 millones de dólares USA” a las empresas Latin América Asia Capital Holding LTD y Zecapan S.A., “vinculadas al reclamado o a su familia”.
En un caso que ha salpicado a la familia del exdirectivo, el auto agrega que “parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble por 1,900,000.00 dólares USA en el Estado de Guerrero en la República Mejicana (sic) por la esposa del reclamado, Marielle Helen Eckers”.
Más adelante, el auto explica que en 2013 Lozoya otorgó “de forma directa a la empresa Odebrecht” un contrato por 1.436 millones de pesos para unas obras en la antigua refinería de Tula, pese a que dicha adjudicación “debería haberse licitado públicamente e internacionalmente”.
Por esta operación, firmada como contrato de obra pública en febrero de 2014, Odebrecht le habría abonado luego “un total de 5,000,000.00 dólares USA, mediante 5 transferencias a la cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la empresa Zecapan S.A. que se realizaron los días 6 y 12 de diciembre de 2013, 24 de febrero, 11 y 20 de marzo de 2014”.
En México, Emilio Lozoya, director general de Pemex de 2012 a 2016, es el funcionario de mayor nivel involucrado en los sobornos que habría pagado la multinacional brasileña a cambio de futuros contratos públicos.
Lozoya aún tiene tres días para pronunciarse en contra de la extradición, puntualizó la Audiencia Nacional.
Antes de materializarse deberá ser sometida al trámite de su aprobación en consejo de ministros, como ocurre protocolariamente en España con las extradiciones.
