Nota del Editor: este texto fue actualizado el 8 de agosto a las 10:40 pm
Rosario Robles tendrá 144 horas para presentar pruebas a su favor y no ser vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicios público.
Tras nueve horas de audiencia, un juez aplazó la decisión sobre si vincular o no a la extitular de las secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a proceso penal y será hasta el lunes por la tarde que reanude su audiencia.
Robles fue imputada este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR) por “ejercicio ilícito de la función pública”, por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucró al menos a 11 entidades gubernamentales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La FGR señaló a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por omisión al momento de evitar o denunciar actos que pudieron haber ocasionado un daño de 5,073.37 millones de pesos al erario.
Sin embargo, no pidió medidas cautelares contra la exsecretaria de Estado, quien prometió presentarse el lunes a comparecer nuevamente.
El presunto esquema de corrupción en el que se involucra a Robles deriva de hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron retomados en la investigación periodística La Estafa Maestra, publicada en 2017 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El presunto desvío de fondos se ejecutó a través de 27 convenios generales de colaboración firmados entre 2013 y 2018 entre Sedatu y Sedesol con universidades de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Chiapas y empresas en Sonora, Quintana Roo e Hidalgo, que nunca se ejecutaron, dijo la ASF.
Comparecencia: el primer paso
“Aquí estoy, dando la cara”, dijo este jueves Robles a su llegada a su comparecencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
Previo a su comparecencia, Robles dio casi 70,000 pesos en garantía para no ser detenida. Sin embargo, la medida fue rechazada.
La comparecencia de este jueves es resultado de una denuncia interpuesta en septiembre de 2018 por MCCI contra Robles, por el desvío de fondos públicos de la Cruzada Nacional contra el Hambre –un proyecto de seguridad alimentaria destinado a los más pobres entre los pobres– durante el sexenio de Peña Nieto.
La audiencia inicial es el primer paso en cualquier proceso legal. Es en ese momento cuando se define legalmente si una persona seguirá un proceso o si el caso se cerrará.
En abril pasado, dos funcionarios evitaron ir a juicio por el esquema de desvío de fondos debido a que responsabilizaron a las universidades.
La defensa de Robles
La defensa de Rosario Robles, Julio Hernández Barrón, ha asegurado en diversas ocasiones que la exfuncionaria no estuvo involucrada con el presunto fraude y que nunca firmó algún documento que la pudiera vincular con compañías fantasma.
Barrón ha asegurado que las universidades estatales son quienes deben responder por las irregularidades en la subcontratación de las compañías.
