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9 de agosto 2019 | 5:00 am

Seis de cada 10 casos determinados por las autoridades de procuración de justicia en México durante 2018 se encuentran en un ‘archivo temporal’, una figura que suspende por tiempo indefinido una investigación por falta de nueva evidencia.

En el mismo periodo, por cada 100 casos que llegaron a conocieron las fiscalías –donde se presentó una denuncia o se abrió una investigación de oficio– solo 49.6% tuvieron algún tipo de conclusión.

Esto implica que la tercera parte de los casos que llegaron a manos de las autoridades mexicanas, a nivel nacional, quedaron “guardados” por falta de pruebas y no fueron resueltos, reveló esta semana la organización México Evalúa.

“Pareciera que esta figura está siendo utilizada como un mecanismo para ocultar el rezago institucional de las fiscalías, derivado de su ineficiencia para las labores de investigación”, considera el estudio ‘Hallazgos 2018. Seguimiento y Evaluación del sistema de justicia penal en México’ realizado por la agrupación.

El uso del archivo temporal no es malo por sí mismo, pues permite a las autoridades de procuración de justicia reactivar investigaciones cuando existen nuevas pruebas.

Sin embargo, cuando el uso de esta figura está acompañado de una alta tasa de congestión en los ministerios públicos, puede revelar ineficiencia y mala gestión institucional, explicó María Novia, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.

Algunos estados podrían estar ocupando excesivamente la figura del archivo temporal para ocultar la falta de labores investigativas, dijo la especialista.

Chiapas, por ejemplo, registró un porcentaje de resolución de 59.6% y prácticamente la totalidad de sus archivos se encuentra en archivo temporal (94.3%). 43.1% de sus investigaciones siguen en curso.

En contraste, entre las entidades que registraron un mayor avance en sus capacidades de investigación se encuentran Guanajuato y Guanajuato, que apenas registran 9.1% y 11.2% de congestión ministerial, de acuerdo con el documento.

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No ejercicio de la acción penal, la segunda determinación ‘más popular’

16.4% de los casos determinados por las autoridades mexicanas concluyeron en “no ejercicio de la acción penal”. Es decir, el caso fue sobreseído y no se pudo continuar con su investigación.

Existen nueve causales de sobreseimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales: el hecho no se cometió, o no se considera delito, el imputado era claramente inocente o está exento de responsabilidad penal, la insuficiencia de pruebas para sustentar la acusación, extinción de la acción penal, una reforma de ley eliminó el delito, se discutió el caso en otro proceso penal o el fallecimiento del imputado.

Las entidades que presentaron más determinaciones totales a nivel nacional fueron Estado de México (88.9%), Guanajuato (77.3%) y Ciudad de México (70.8%), mientras que las que registraron menos fueron Sonora (3.3%), Quintana Roo (6.2%) y Guerrero (8.5%), de acuerdo con el estudio.

A nivel nacional, solo 3.9% de los casos conocidos por las autoridades fueron vinculados a proceso.

El estado con mayor porcentaje de vinculación a proceso fue Nayarit, con 36.6%, seguido de Campeche (24.7%) y Sonora (13%).

Contrarreforma, un riesgo contra el sistema de justicia

Es necesario consolidar el sistema judicial en México para reducir la corrupción e impulsar el acceso a la justicia para todas las personas. Sin embargo, los esfuerzos en este sentido están en riesgo, pues existen señales que permiten pensar en una posible contrarreforma que agudizaría la corrupción en el rubro, estima México Evalúa.

El discurso de la llamada ‘puerta giratoria’, que señala que el sistema de justicia penal acusatorio favorece la impunidad y la ampliación del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aprobado por la Cámara de Diputados en febrero, son consideradas por la organización y otros expertos como “señales claras de retroceso” que profundizarán la discrecionalidad en la actuación de las autoridades.

“Debemos darle una oportunidad al sistema acusatorio que, aunque está muy lejos de tener los resultados esperados, comienza a dar algunas señales alentadoras.

Hacemos un llamado a defender la reforma penal y atender los temas pendientes; estamos convencidos de que no debemos renunciar a un modelo prometedor sin antes haber garantizado que contó con recursos necesarios para operar de forma adecuada”, dijo Novoa.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), aseguró que es necesario mantener y consolidar este sistema.

No se puede fortalecer el Estado de Derecho diluyendo garantías, aseveró.