La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los órganos autónomos, particularmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), implicaría un riesgo importante tanto en certidumbre, inversiones al sector, usuarios y hasta medios de comunicación.
Tras el anuncio del primer mandatario se han barajado múltiples impactos negativos si es que eventualmente sus intenciones se vuelven realidad, principalmente con efectos también con socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, por el T-MEC.
Al debilitar al Instituto se inyectaría un factor de mayor incertidumbre al sector, lo que haría más difícil la coyuntura de la pandemia, además de desalentar la inversión y crear un vacío institucional donde se perdería rumbo, aseguró María Elena Estavillo, excomisionada del IFT.
Se necesita quién dé certidumbre, dirija estas acciones y ayude a la coordinación de esfuerzos -porque toda la digitalización es transversal-, y se requiere un regulador que oriente, que convoque esfuerzos y que le dé congruencia
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En opinión de Estavillo, si esa propuesta se materializa, se perdería dirección en las acciones que se requieren en el sector telecom para que sea dinámico e incluyente, sobre todo, ante una coyuntura como la pandemia global.
Lo que el IFT necesita no es despojarlo de su naturaleza de organismo autónomo, sino un cambio quirúrgico de la ley, consideró por su parte Para Ramiro Tovar, consultor en Regulación Económica y Política de Competencia.
Esto, dijo, con el fin de que se reconozcan las deficiencias en la importancia de los objetivos sociales como prioritarios en la inversión en cobertura y penetración más que un mandato puramente regulatorio, aseguró.
Michel Hernández Tafoya, especialista del Observatorio de Telecomunicaciones de México, puntualizó que el IFT, desde su creación y desde que se emitió la ley, cuenta con poco más de 60 facultades de regulación, que no se limita a competencia.
El Instituto, además, es garante de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información. Entonces, en su opinión, se pierde de vista en la discusión lo que implica el trabajo regulatorio.
Comunicaciones y Transportes, sin herramientas
La propuesta inicial supone la transferencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de las facultades del Instituto, una dependencia que ha sufrido varios cambios en los últimos meses tras la desaparición de la Subsecretaría, a cargo de Salfa Jalife.
El más reciente cambio a la SCT es el nombre, pues ahora se denomina como Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Para Estavillo Flores, la SCT no solo no tiene las facultades, sino que tampoco tiene el carácter apropiado para absorber las funciones del Instituto.
En ese sentido, comentó que, de hecho, eso lo aprendieron después de muchos años de tratar diversos arreglos institucionales.
Ya tuvimos un SCT con estas facultades, y lo único que vimos es ineficiencia, politización de decisiones técnicas y un control de los medios de comunicación
La propuesta, de inicio, no plantea visión alguna, aseguró por su parte Hernández Tafoya.
En su opinión, si el plan es migrar las funciones del IFT a la SCT, idealmente ya debería existir ya un plan y una hoja de ruta de lo que esperan en el sector, pues tal parece que no tiene ni visión ni diagnóstico, dijo.
