El gobierno federal paga en promedio 3,819.62 pesos al día por persona privada de la libertad a ocho penales privados en México ubicados en ocho entidades del país, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que es un “abuso”, por lo que buscará lograr un acuerdo o iniciará una demanda por la vía civil.
He dado instrucciones al consejero jurídico (Julio Scherer) para que actúe en dos vertientes. Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso por decirlo amablemente, que si tienen voluntad, se debe lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda pública
dijo AMLO este miércoles.
En caso de no llegar a un acuerdo, el mandatario dijo que se iniciará a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos.
Los ocho centros penitenciarios privados son el de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos (femenil), Michoacán y Coahuila y dichos contratos fueron firmados entre 2010 y 2011 bajo la administración del presidente Felipe Calderón.
Entre los proveedores actuales está Exi Quantium (Sonora y Guanajuato); Gia (Oaxaca); DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria (Durango); Capital Inbursa (Chiapas y el femenil de Morelos); Concesionaria en infraestructura penitenciaria de Michoacán (Michoacán), y Black Rock (Oaxaca).
De los ocho penales, el que le cuesta más al gobierno por reo al día es el femenil de Morelos con 6,411 pesos, que al año se traduce en dos millones 308,181 pesos. Actualmente hay 809 personas en ese centro penitenciario, dijo la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
El año pasado se pagó a ese penal 1,867 millones 318,618 pesos.
Mientras que el de Sonora cuesta al día por persona son 2,558 pesos. Por un año el gasto es de 921,103 pesos. En ese centro penitenciario hay 1,975 personas.
Durante los nueve años que se ha tenido el contrato con estos proveedores se ha pagado 75,661 millones 735,763 pesos y el monto pendiente por pagar asciende a 190,638 millones 819,084 pesos.
El costo total proyectado a 20 años totaliza 266,300 millones 554,847 pesos, dijo la funcionaria.
Puso como ejemplo que, de los 22,776 millones de pesos ejercidos por Prevención y Readaptación Social el año pasado, el 68.3% fue para pagar a estas empresas privadas.
