fbpx

13 de junio 2019 | 5:00 am

El Ramo 23, conocido por muchos como “el ramo de los moches”, se ha convertido en los últimos años en un ícono del gasto discrecional y de la corrupción en la asignación de recursos a los estados. Y no sin razón.

A través de algunos fondos, este apartado gubernamental transfería recursos a gobiernos locales para realizar diversas obras públicas que, en ocasiones, no llegaban a concretarse o que servían de plataforma política para munícipes, gobernadores y legisladores.

Con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los recursos destinados a este rubro presupuestal se redujeron casi 80% comparado con 2018 y la cantidad de programas y fondos que contemplaba se acotaron a tres: el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano y el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

Este recorte al Ramo 23, que destinaba dinero a las entidades federativas, será un factor que presione a los estados y abr la puerta a mayores pagos de tenencia y predial a partir del 2020, estima un reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

“El 85% de los ingresos de los estados proviene de la Federación. Eso ha generado una gran dependencia que pone en peligro las finanzas públicas estatales”, dijo en entrevista Kristóbal Meléndez Aguilar, autor del estudio.

La manera más eficaz de enfrentar el problema y garantizar recursos para las entidades es incrementar o reinstaurar los cobros de tenencia y de predial, explicó el analista del CIEP.

“La recaudación de predial sigue siendo muy baja, la idea es que se cobre al valor comercial de los inmuebles en la misma magnitud, pues hay muchos exentos y políticas en las que se condona el pago”, comenta.

Sin embargo, un aumento en los impuestos presionaría a las familias y tendría un costo político para los gobiernos locales, que quedarían debilitados por el gobierno federal, considera Paul Valdés, director general de la consultora Parámetro.

“Cobrar impuestos a nivel local genera un costo político para un gobernante supeditado a la voluntad del gobierno federal”, Paul Valdés.

Debido a que las haciendas locales dependen de la federación, la pérdida de ingresos por concepto de Ramo 23 puede ocasionar que los poderes y partidos locales pierdan fuerza ante el gobierno federal, que busca centralizar los gastos sin conocer necesariamente las necesidades locales, explica.

El costo se vería reflejado en la población de las clases media y alta, que se han visto beneficiadas por la reducción del costo de la tenencia en muchos estados desde 2012, cuando la federación le entregó a los estados su administración.

Entre 2010 y 2017, solo seis estados incrementaron su recaudación por tenencia vehicular, 19 redujeron el cobro y siete dejaron de hacerlo.

“La disminución de estos recursos generó mayor dependencia del gobierno federal y que no haya suficientes recursos para algunos programas sociales”, considera Meléndez.

Dependientes de recursos inequitativos

En 2019, los ingresos por participaciones y aportaciones federales establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal fueron seis veces mayores a los ingresos por impuestos y derechos en las entidades federativas.

Esto deja a los estados en una situación de vulnerabilidad que se acentúa por las brechas regionales y los incrementos en sus tasas de interés, explica el CIEP.

Pero no es el único problema.

La asignación federal de los recursos, al menos hasta 2018, ocasionó dudas respecto a qué proyectos se entregan y con qué fines.

“Siempre se palomeaban en el ramo 23 presupuestos para obras que servían para que el político local pudiera ‘lucirse’ con su electorado” pero no se terminaban o se cobraba por gestorías indebidas, asegura Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo, algunos estados no recibieron recursos para programas municipales. Tal es el caso de Puebla, que en 2018 no obtuvo dinero del Ramo 23 para esos fines, lo que impidió que se realizaran algunos proyectos, explica Hugo Osorio, integrante de Gobierno Fácil.

Para el especialista en transparencia, es necesario que la Federación cambie las reglas y asigne los presupuestos con información precisa sobre pobreza a nivel municipal, pues además de que se tiene registro de que no todos los proyectos financiados con recursos del Ramo 23 generan mejoras sociales, se desconoce los criterios con los que se otorgan, puesto que la decisión recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que muchas veces desconoce las necesidades locales.