La propuesta de echar a andar un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil asociado con datos biométricos es una iniciativa que resulta inviable y altamente costosa, además de que atenta contra la privacidad de datos y el cierre de la brecha de conectados en México.
En opinión de voceros de la industria de telecomunicaciones, analistas y organizaciones civiles, la propuesta que pretende dar luz a una nueva versión del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut) no está calibrado en su justa dimensión ni hay claridad en sus fines.
El Renaut, creado en 2008 durante el mandato del entonces presidente Felipe Calderón, fue cancelado tres años después debido a que la base de datos fue filtrada y en venta en el mercado negro.
Una década después, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos del Senado se reunieron para discutir sobre el nuevo padrón, cuyo dictamen fue aprobado en diciembre de 2020 en la Cámara de Diputados.
La iniciativa pretende la creación de un registro obligatorio de líneas telefónicas asociado a la identidad biométrica con fines de seguridad pública, lo que para la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ‘constituye un serio riesgo para la privacidad y seguridad de la ciudadanía’.
Es ingenuo pensar que el padrón impedirá la comisión de delitos, ya que las redes criminales utilizan múltiples técnicas y mecanismos para evadir el uso de teléfonos asociados a su identidad
Además de que no existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjetas SIM reduzca el crimen, para R3D el Senado debería considerar prioritario combatir el abuso sistemático y generalizado de las capacidades de investigación que atentan contra la privacidad de usuarios móviles.
La alternativa
La industria de telecomunicaciones tiene una alternativa a la propuesta de los legisladores, que resulta viable, menos costosa y más efectiva, dijo a EL CEO Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
La propuesta de la industria consiste en que los operadores de telefonía móvil puedan tener accesos a los números móviles que han sido denunciados ante el 089 por los propios ciudadanos víctimas de extorsión u otros delitos.
Así, cada tanto la autoridad pedirá a los operadores investigar los números recibidos bajo ciertas variables para determinar si son sospechosos de delito.
En México, al cierre del 2020 se registraron alrededor de 126 millones de líneas activas, de las cuales el 82.2% son líneas de prepago, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU).
Para Székely, no existen recursos económicos ni de tiempo viables en la propuesta de los legisladores comparada con la de la industria la que, asegura, se puede implementar en un mes a más tardar tras darle ‘luz verde’.
Otros riesgos
La ambigüedad en la forma en la que está redactada la iniciativa es sumamente desproporcionada e ineficaz, además de que plantea la posibilidad de desconectar a los usuarios de telefonía móvil ya conectados, comentó por su parte Michel Hernández Tafoya, especialista del Observatorio de Telecomunicaciones de México.
Esto significaría un contrasentido a los logros de la reforma y a los avances en materia de líneas activas en el país, pues implicaría un fuerte impacto a la mayor parte de los usuarios móviles, que cuentan con líneas bajo la modalidad de prepago.
Se abre un escenario en el que mucha gente se quedaría sin conexión, en un país donde todavía queda mucho por conectar y abatir la brecha digital, lo que es totalmente desproporcionado
Otro de los elementos a considerar, a decir del especialista, es que la iniciativa del padrón plantea que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haga uso de sus recursos presupuestales para materializar dicho padrón, lo que revela que no se está previendo aumentar los recursos.
Para Hernández Tafoya, la propuesta está regida bajo una lógica de control por parte del gobierno actual de ‘contar con bases de datos para todo y luego ver cómo se usan’.
En ese sentido, el especialista señala que la lógica de controlar se basa en reunir información de ciudadanos, lo que es peligroso puesto que una medida de tal naturaleza resulta desproporcionada a la realidad.
