El Congreso de la Unión discutirá durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura la regulación del outsourcing, planteada en la iniciativa del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.
La propuesta incluye tipificar como crimen organizado la subcontratación ‘ilegal’, lo cual fue rechazado por el sector empresarial en diciembre, retrasando su posible aprobación en la Cámara de Senadores.
Ricardo Monreal informó a principios de enero que esta propuesta es uno de los 17 temas legislativos prioritarios para su grupo parlamentario, que tiene mayoría en las dos Cámaras.
La iniciativa de Gómez Urrutia propone endurecer las sanciones contra las empresas que incurran en esquemas de outsourcing ilícito e inclusive elevar esta práctica al grado de delincuencia organizada.
“Esas conductas son constitutivas de delitos de alto impacto, como lo son la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; el lavado de dinero e incluso delincuencia organizada”, dice el documento.
Grupos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) o el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no tardaron en advertir que dicha medida podía inhibir las inversiones en el país y poner en riesgo “miles de empleos”.
El organismo patronal pidió detallar los criterios y procesos de la iniciativa para no afectar a las compañías que “generan buenos empleos y cumplen con sus obligaciones fiscales y de seguridad social”.
El principal reto para los legisladores será encontrar un punto intermedio que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores sin afectar excesivamente los intereses del sector privado, dice Alfonso Bouzas, experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en temas laborales.
“El outsourcing es una necesidad del mundo moderno por razones tecnológicas, económicas y administrativas, pero el Estado mexicano no debe permitir la precarización de las condiciones laborales”, dice el experto.
El abogado constitucionalista Francisco Jiménez coincide en la importancia de equilibrar la propuesta para que logre beneficiar a los trabajadores, sin comprometer la competitividad industrial.
“Elevar a crimen organizado el outsourcing ilegal es un exceso. Hay otras maneras de concientizar a los empresarios sobre la precarización laboral, como sanciones a los empleadores”, detalla.
¿Qué dice la iniciativa?
La propuesta de Gómez Urrutia, presentada el 23 de octubre del año pasado, define al outsourcing ilegal como una práctica que le ayuda a las empresas a simular que los trabajadores ya no son parte de la misma.
Impacta directamente en los derechos laborales de las personas trabajadoras, como el de sindicación y de seguridad social, aunque también afecta al fisco federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Esto se logra a través de un esquema que simula que los empleados no son parte formal de la compañía para la que realmente laboran.
En primer término, la empresa que tiene su planta laboral registrada ante un ente de outsourcing elimina el derecho a percibir una parte de las utilidades que ayudaron a generar.
También priva a los trabajadores de seguridad social y de la posibilidad de tener acceso a una vivienda digna, dice la iniciativa.
El documento propone saldar el reparto de utilidades omitidas a los trabajadores durante el periodo de subcontratación ilegal, a cambio de evitar procesos de judicialización contra las compañías.
“Quienes se acojan deberán proporcionar información sobre los líderes de los grupos delictivos de outsourcing simulado, lo que permitirá que las autoridades de procuración de justicia estén en aptitud de desmantelarlos y extinguir, en su caso, el dominio de los bienes de los que se hicieron con los recursos obtenidos a propósito de estas prácticas de simulación”, detalla.
Para Alfonso Bouzas, la amenaza de una investigación judicial es la principal preocupación para los empresarios. Le parece “un exceso” y cree que hay otras maneras de concientizar a la IP sobre la precarización laboral.
Francisco Jiménez Reynoso sugiere castigos menos rigurosos pero aplicadas de manera justa para sancionar a los empresarios que incurran en subcontratación ilegal. Además plantea combatir la corrupción y los acuerdos ilícitos entre los empleadores y las autoridades laborales.
