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4 de abril 2019 | 5:00 am

Este jueves da inicio la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a México.

Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su llegada es “una oportunidad histórica para que México refuerce su compromiso con una política exterior transformadora en el ámbito multilateral y con pleno respeto a los derechos humanos”, de acuerdo con un comunicado emitido el viernes pasado, a propósito de la llegada de la también expresidenta de Chile.

Sin embargo, el México al que llegará la Alta Comisionada todavía tiene grandes retos en la materia.

Denuncias a derechos humanos

Entre 2000 y 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 130,318 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos y emitió 1,285 recomendaciones a distintas autoridades. 88% de las quejas y 85% de las recomendaciones señalan a autoridades civiles que tienen trato con la población.

Así lo reveló en febrero el estudio La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH, publicado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.

Estas son las instituciones más señaladas por presunta violación de derechos humanos entre 2000 y 2018.

El mayor número de recomendaciones de la CNDH en el periodo se dirigió principalmente al IMSS, la Sedena, el sistema penitenciario, la PGR, el ISSSTE, el INM, la Semar, los gobiernos de Guerrero y Chiapas, y la SEP, según el documento.

A nivel sexenal, el Instituto Belisario Domínguez encontró que existe una aumento cada sexenio.

Por ejemplo, mientras que durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006) el promedio era de 4,168 quejas anuales, este número ascendió a 7,608 quejas anuales durante la administración de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

En el periodo de Enrique Peña Nieto, la cifra se incrementó a 9,197 quejas anuales.

Corrupción, un obstáculo para los derechos humanos

En 2018, México se colocó en el puesto 138 de 180 países del Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional.

En este conteo, el primer lugar lo ocupan los países donde se percibe menos corrupción, mientras que los ubicados al final de la tabla son donde sus habitantes perciben una mayor prevalencia de esta práctica.

La corrupción impacta negativamente en el ejercicio de los derechos humanos debido a que en estos entornos existe una solicitud de sobornos como condición de acceso a los derechos.

“Cuando agentes de los ministerios públicos o funcionarios del poder judicial solicitan dinero a víctimas del delito o a personas detenidas, afectan el derecho de acceso a la justicia; si enfermeras, médicos o administradores de hospitales públicos solicitan sobornos a los enfermos, se violenta el derecho a la salud”, explica el estudio Violación de derechos humanos en México. Un costo poco advertido de la corrupción, publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

“Si directores o profesores de escuela piden dinero para permitir el acceso de estudiantes a clases, para recibir clases extra donde se enseñan los elementos esenciales del plan de estudios o para corregir las tareas y trabajos de los estudiantes, se afecta al derecho a la educación. En estos casos, la relación de corrupción se da entre los prestadores de servicios y las personas que se convierten en víctimas de la violación de los DH”, agrega.

A esto, se le suma que la corrupción viola los derechos laborales, ecológicos y políticos de los ciudadanos, al tiempo que merma los recursos públicos del país, considera el documento.

No se mata la verdad…

En agosto del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas alertó que las medidas de protección para defensores de derechos humanos y periodistas en México estaban en niveles críticos.

El Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mecanismo nacional de protección y auxilio para quienes realizan estas labores, financia la salvaguarda de casi 1,000 personas.

“No podemos olvidar la importancia de este mecanismo. Su existencia ha salvado las vidas de personas que, a través del ejercicio del periodismo o la defensa de los derechos humanos, se destacan como un elemento fundamental para el goce de derechos de todas las personas que vivimos en México. La falta de recursos implicaría exponerlos a un nivel de riesgo inaceptable”, expresó en agosto de 2018 Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos y para los periodistas.

Desde 2000, 124 periodistas han sido asesinados y tan solo en 2018, se registraron más de 500 agresiones contra informadores, de acuerdo con cifras de la organización Artículo 19.

El año pasado, 13 activistas fueron asesinados y dos más fueron víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con datos de ONU-DH.