La negociación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Petróleos Mexicanos (Pemex) será ríspida e inviable, ya que la empresa del Estado está ahorcada con su deuda, lo que le impide cumplir con el aumento salarial y de prestaciones que piden los trabajadores.

Sin embargo, los sindicalizados podrían aceptar beneficios que no sean económicos y que calmen su inconformidad al no lograr los privilegios que tienen empleados de Pemex ubicados en rangos mayores dentro de la empresa.

El miércoles 23 de septiembre, el STPRM informó que reanudará las negociaciones con Pemex para revisar sus condiciones laborales, luego de que días antes amagó con iniciar una huelga el próximo 30 de septiembre.

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Alfonso Bouzas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), previó choques entre los distintos grupos que conforman los sindicatos.

Sí va a haber un contienda porque cuando menos dos o más fuerzas van a querer tomar las riendas  del sindicato y ahí va a haber choques y zancadillas y algunos que le van a pegar a Pemex. Fácil no va a ser

comentó el académico. 

Los sindicalizados buscan un nuevo incremento salarial, de prestaciones y mejorar sus condiciones laborales, pero la situación financiera de Pemex ya no da para nuevas demandas.

Al primer semestre del 2021, el pasivo laboral de Pemex es cercano a 1 billón 302,000 millones de pesos, destacó Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Sin embargo,  por años, los trabajadores de Pemex han gozado de unas prestaciones que quisiera cualquiera que labora en el sector privado

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Estrecho margen de maniobra

Ocampo declaró que hay poco margen de maniobra para incrementar las prestaciones o los salarios de los trabajadores del sindicato de una forma significativa.

Pemex debe replantear su modelo sindical para reducir ese pasivo laboral que trimestre a trimestre representa un lastre que es insostenible, aunque es un reto que  cuesta recursos económicos y capital político.

Sin embargo, Alfonso Bouzas confió en que, algún beneficio obtendrá el sindicato.

Si la representación sindical y los trabajadores entienden que no es viable, firman lo que sí es viable. Los trabajadores aprovecharán este momento de auge sindical, donde los sindicatos están buscando una verdadera representación y acabar con los líderes corporativos

mencionó .

Destacó que si se hiciera un estudio histórico del contrato colectivo de Pemex, se encontrarían muchas evidencias de prestaciones que tuvieron que ver con el ejercicio del poder corporativo de la dirección sindical.

¿Quiénes conforman el sindicato?

Bouzas explicó que la plantilla laboral de Pemex se compone por cuatro bloques. El primero es el de los sindicalizados que tienen prestaciones y beneficios tales como la jubilación antes de la edad de retiro, incremento del aguinaldo, o más días económicos que el resto de los trabajadores.

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El segundo bloque lo conforman quienes laboran para la petrolera, pero esta no los reconoce directamente en su nómina, por lo que se les conoce como “indocumentados”, ya que perciben un salario sin prestaciones.

Este grupo representa aproximadamente 70% del sindicato y Pemex les paga mediante  “nóminas especiales” o por honorarios o servicios profesionales.

La tercera franja la integran los trabajadores de confianza, que son personas que entran y salen con el funcionario en turno y que tienen prestaciones injustificadas, mientras que el cuarto grupo son personas que entraron a laborar como empleados agrícolas y de bodegas.

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La reforma energética olvidó la relación sindical

Para Óscar Ocampo, del IMCO, el gran fracaso de la reforma energética es que no logró subir al barco al sindicato y tocó poco las relaciones laborales con los empleados de Pemex.

Y esto habla de porqué Pemex no ha logrado reducir su pasivo laboral y su plantilla laboral de alrededor de 120,000 empleados, cuando una empresa de su tamaño debería tener quizá solo una cuarta parte de ellos

comentó el analista .

Señaló que ninguna administración ha querido pagar el costo político de renegociar el contrato colectivo de trabajo del Sindicato de la forma que se necesita, ya que cuesta recursos económicos y capital político.