El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reconfigurará sus operaciones, a partir de la fusión de las dos empresas encargadas de su administración. Con esta decisión, la Secretaría de Marina asumirá el control de la alianza de las compañías, convirtiéndose en la nueva y única autoridad responsable.
Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la fusión de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México fue aprobada con un plazo establecido para completar el proceso antes del 1 de septiembre de 2024. Las actividades de cierre y post-cierre deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2024.
Los costos asociados con la desincorporación por fusión serán cubiertos mediante el presupuesto autorizado para la Secretaría de Marina, utilizando movimientos compensados.
Asimismo, la Secretaría de Marina publicará en el DOF las bases de liquidación correspondientes a la fusión de las entidades involucradas.
“Las erogaciones que se generen con motivo de la desincorporación por fusión (…) se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para la Secretaría de Marina con movimientos compensados, por lo que no se incrementará su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate, ni para ejercicios subsecuentes”, se lee en el documento.
Desde octubre de 2023, la Marina tomó el control del AICM, después de décadas de administraciones civiles.
Razones para fusionar las empresas del AICM
El movimiento de la fusión, señaló el DOF, obedece a que la Secretaría de Marina manifestó que es conveniente para mejorar las condiciones de gobernanza.
También para “mejorar las condiciones económicas al disminuir gastos administrativos y presupuestarios, así como incrementando su eficiencia, productividad, entre otros”.
Preocupaciones
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) manifestó su preocupación ante el creciente protagonismo de las fuerzas armadas, como la Secretaría de Marina, en la administración pública y en proyectos de infraestructura.
La preocupación del IMCO, al igual que otras instituciones y centros de estudios, radica en que la participación militar en actividades civiles podría desvirtuar principios fundamentales de la gestión pública, como la rendición de cuentas y la competitividad.
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