La certeza de que los procesos de fiscalización de los recursos públicos no debían aplicarse únicamente a los programas sociales –que benefician a la población en condiciones de vulnerabilidad–, sino que debían llegar también a los sectores de la población más privilegiados, fue el motor para que la organización civil Fundar comenzara un litigio estratégico para abrir las listas de condonaciones y cancelaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El martes, su lucha legal de cuatro años rindió frutos: la autoridad fiscal les entregó la base de datos con los ‘perdones’ que otorgó entre 2007 y 2015, un parte aguas en materia de transparencia en México.
“Históricamente en México, desde que empezamos el proceso de apertura y de transición democrática, todos han centrado la atención en fiscalizar los programas sociales, pero la mirada nunca había estado en la fiscalización a los más ricos, que también reciben ayudas por parte del gobierno”, dice en entrevista Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar.
La condonación de impuestos, que tradicionalmente ha sido utilizado por la autoridad fiscal para favorecer a contribuyentes con irregularidades, “es el equivalente a que el gobierno desembolse el dinero para pagar las obligaciones fiscales de particulares”, considera el experto.
Transparencia contra secreto fiscal
Fundar comenzó su litigio estratégico en 2015 para conseguir la lista de condonaciones y cancelaciones tributarias. Sin embargo, su batalla para combatir la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos amparada en el secreto fiscal lleva más de una década, refiere Brown.
Varias organizaciones nos dimos cuenta de que el secreto fiscal era un obstáculo para la transparencia en los recursos públicos; los primeros cinco años empezamos a dilucidar la forma en la que operaban, para ver por dónde le íbamos a entrar
El secreto fiscal es la obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la información tributaria de un contribuyente, de acuerdo con el artículo 69° del Código Fiscal de la Federación.
Esta previsión no es mala en sí misma, pues es necesario proteger los datos personales de las personas, pero “ha servido históricamente para mantener la impunidad en el uso discrecional de los recursos públicos en favor de un grupo muy pequeño de la población”, dice.
A finales de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió la oportunidad de comenzar con el litigio estratégico: en un reporte sobre el SAT, mostraba irregularidades en la asignación de condonaciones masivas realizada en 2013.
La medida tomada en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto era idéntica a la que se había registrado en 2007, primer año del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Fundar puso manos a la obra.
La organización solicitó la información de las condonaciones al SAT, que las rechazó. Posteriormente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la autoridad tributaria entregar las bases de datos.
La autoridad fiscal comenzó a retrasar la entrega; en ese proceso, algunos de los contribuyentes que se beneficiaron con condonaciones en el periodo se ampararon para que no aparecieran sus nombres—pese a que por protocolo no debieron haber conocido de la solicitud de transparencia.
“Lo que nosotros planteamos fue: ¿qué es más importante, el derecho acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos o el secreto fiscal? Se atrajo una contradicción de tesis, hasta que nos dieron la razón”, comenta Brown.
Lo que se sabe hasta ahora (y lo que no)
La batalla aún no termina.
Actualmente quedan 201 contribuyentes amparados para que su nombre y el monto de sus impuestos perdonados por año no se conozcan. Entre todos, suman condonaciones por 101,443 millones de pesos.
Eso significa que por cada peso condonado del que conocemos el destino, hay 60 centavos que seguimos sin conocer
Carlos Brown.
La mayoría de este monto se reparte entre un pequeño grupo de contribuyentes, pues “aunque se diga que los programas de amnistía fiscal son para todos, en la realidad solo pueden acceder a ellos quienes tienen los recursos”.
Brown espera que con la resolución judicial a su favor—que generó jurisprudencia— los casos empiecen a desahogarse y se conozca a los beneficiarios de la amnistía.
En tanto, el SAT se comprometió a enviarles una actualización en la materia a final de cada mes, de acuerdo con el coordinador de justicia fiscal de Fundar.
Una batalla desigual
A pesar del (casi) final feliz de este litigio, Brown acepta que el proceso del litigio fue costoso en todos los sentidos.
“Fueron cuatro años de una batalla larga, cansada y muy desigual”.
Sin embargo, considera que parte del triunfo de Fundar fue poner en el ojo público la necesidad de fiscalizar a los contribuyentes con más recursos y no solo enfocar la conversación en la gestión de los programas sociales.
Sobre las amnistías fiscales, considera que aunque no son malas en sí mismas, es necesario que el gobierno evalúe su impacto real – que hasta ahora es desconocido— y celebra que la administración federal actual haya anunciado que no habrá una nueva condonación masiva.
Es romper la inercia de dos sexenios anteriores que las otorgaron sin ton ni son. Ese borrón y cuenta nueva representa una serie de incentivos perversos y de problemas para el Estado mexicano, que no garantiza una mejor recaudación de impuestos.
