Las 200 empresas fintech que operaban previo a la puesta en marcha de la Ley de Tecnología Financiera y que no entregaron su solicitud de registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener la autorización para operar, deberán informar sobre su cierre de operaciones a la CNBV. 

Tendrán que dejar de ofrecer sus servicios al público, pero también deben liquidar operaciones y hacer un cierre de operaciones que venían realizando con clientes

 comentó Paola Rivera, directora de Autorizaciones de tecnología financiera de la CNBV, durante un foro informativo el jueves

La sugerencia que no es obligatoria y que no la establece la ley, especificó Rivera, es que presenten un plan de trabajo a la CNBV en el que indiquen cómo van a hacer el cierre de operaciones.

El 25 de septiembre, fecha límite, la CNBV solo recibió 85 solicitudes, de las cuales 50 fueron de las empresas que anteriormente solicitaron una revisión informal ante la entidad regulatoria. 

Durante el foro ‘Fintech: el camino de la regulación’, organizado por la firma de abogados especializados en fintech Legal Paradox, la funcionaria comentó que existe un área encargada de visitas de investigación.

Se trata de una unidad administrativa que se encarga de ir a visitar todas aquellas entidades que están realizando operaciones y no tienen autorización para llevarlas a cabo, por lo que presentar el plan de trabajo es lo más recomendable para las fintech que no solicitaron autorización.

Esto se hará para evitar problemas legales, porque la CNBV piensa que siguen operando cuando ya están por liquidar operaciones o resolver su situación. 

Leyes secundarias verán posibles cambios

Después de la recepción de solicitudes, esperan una tercera etapa para escuchar a las empresas una vez que ya estén autorizadas, para conocer en qué les está afectando la regulación y poder hacer modificaciones a las disposiciones secundarias, dijo Rivera.

Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox, dijo que han estado en constante comunicación con la autoridad para tratar de identificar cuáles son las áreas que les ‘duelen’ a las fintech. 

Sobre eso hemos estado trabajando muy de cerca para generar este entendimiento de estos modelos de negocio y qué es lo que genera una barrera per sé y sobre eso cómo se puede modificar. Esa puerta sigue abierta. Las disposiciones secundarias todavía tienen muchas áreas de oportunidad y como gremio vamos a estar empujando para realizar ciertas modificaciones

  Carlos Valderrama

 

Dos de los aspectos que causan inquietud a las fintech, y que probablemente se modifiquen más adelante, son el límite del monto de inversión en fondeo colectivo y el monto de las multas que podrían aplicarse a las empresas en caso de incumplir con la ley, debido a que sus recursos son limitados en comparación con los de un banco. 

Salida de Rocío Robles genera preocupación 

Rocío Robles, quién se desempeñaba como directora general de Regulación Estructural en la CNBV y una pieza clave de la regulación fintech, anunció su salida el 30 de septiembre, a solo unos días después de cumplirse el plazo para el registro de las empresas.

Pero Robles no ha sido la única que ha dejado la CNBV, encabezada por Adalberto Palma, en las últimas semanas.

Carlos Valderrama comentó que buscan una reunión con Palma y los nuevos funcionarios porque hay cierta preocupación de cuáles serán los siguientes pasos y cuál es la visión. Pretenden generar de nuevo un acercamiento entre el ecosistema y la autoridad para ir caminando juntos en los asuntos regulatorios.

Había funcionarios clave, por ejemplo Rocío Robles y Denis Mejan, que hicieron un esfuerzo titánico no solo para entender nuestro modelo de negocio y que no nos dejaba operar para realizar cambios. Se vio muy reflejado en las primeras modificaciones a la primera circular

 Carlos Valderrama

Por su parte, Paola Rivera comentó que no hay nada de qué preocuparse por la salida de las directivas, ya que los equipos que quedaron conformados están capacitados y cuentan con procesos automatizados y procesos ya hechos para hacer cumplir los plazos de ley para la regulación de las fintech.