Cautelosa, la polémica ministra Yasmín Esquivel Mossa subraya que la reforma al Poder Judicial que ahora se discute en el Congreso, resultará “insuficiente” para atender la demanda de justicia que reclama la ciudadanía.

Pero también asevera que “nadie debe temer” la elección popular de ministros, magistrados y jueces: un mensaje especialmente dirigido a los inversionistas.

–Es una iniciativa que obedece a una demanda ciudadana de justicia –dice en entrevista exclusiva con EL CEO. “Vemos que en nuestro país los ciudadanos consideran que la justicia está alejada de ellos”.

Pero la primera ministra elegida en el presente sexenio, también acepta que la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplirá con el propósito de “legitimar” todo el sistema de justicia en su conjunto.

A su consideración, ésta debería abordar a las “fiscalías, ministerios públicos y policías” y promover “apoyos” y “protección a las víctimas”.

Entonces hay que hacer una segunda reforma al Poder Judicial, que incluya también esta coordinación que debe existir entre las tres instituciones, que hoy no se da: policía, ministerio público y Poder Judicial (sea federal o local)

dice Esquivel Mossa.

“O incluso, si es necesario, una tercera [reforma] donde también se apoye a las víctimas y atienda el sistema para la protección de estas personas que están acudiendo a solicitar servicios de justicia. Esas personas que no ven que avancen sus expedientes”.

Según la ministra, estas tareas serían abordadas en la LXVI Legislatura que tomó protesta el pasado domingo, en el marco del último informe de gobierno de López Obrador y a un mes de comenzar la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

También, en medio de las protestas de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), empresarios y de los principales socios comerciales de México.

Reforma judicial, incertidumbre

Existe un amplio consenso de que es necesaria una reforma integral que refuerce la confianza ciudadana hacia el sistema de impartición de justicia y que ataque los altos índices de corrupción e impunidad.

No obstante persisten dudas de que la iniciativa pueda cumplir con este propósito, se acusa una “venganza” contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e intentos de “cooptar políticamente” un poder incómodo para la “Cuarta Transformación” (4T).

EL CEO entrevistó a abogados que representan a algunos de los mejores despachos del país y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, asociación que participó activamente en los foros de discusión para la reforma judicial, pero sus propuestas no fueron incluidas en el dictamen final que se discute en el Congreso.

Si bien los actores consultados señalan que la iniciativa posee aspectos positivos, muchos otros resultan controversiales e incluso inaplicables.

Los abogados entrevistados coinciden en que la “legitimidad” que se busca con la elección popular de ministros, jueces y magistrados, podría perderse con la postulación de perfiles que no poseen experiencia ni capacidades técnicas para impartir justicia.

Por último, advierten que los juzgadores se verían avasallados por la fuerza política que actualmente goza el oficialismo, también por diversos grupos de interés, entre ellos, el crimen organizado.

¿Justicia para todas y todos?

Según la ministra Esquivel Mossa, los ciudadanos perciben al Poder Judicial como un ente alejado de su realidad, por lo que la elección popular de ministros, magistrados y jueces, haría más asequible el acceso a la justicia a personas con escasos recursos.

–Vemos que en nuestro país los ciudadanos consideran que la justicia está alejada de ellos. O que solo tienen derecho a acudir a un tribunal, a un juez, aquellas personas que tienen la posibilidad de contratar un abogado, de pagar una asesoría, de tener recursos para poder llevar a cabo su defensa– señala.

Esquivel Mossa sostiene que la “legitimidad” de los juzgadores, ayudaría a garantizar que las personas más desfavorecidas acudan a los tribunales:

Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los tribunales y los jueces no pueden ser única y exclusivamente de aquellos que tienen los medios económicos para tratar un servicio de asesoría o defensa

Para llenar este vacío, la ministra planteó un sistema de “justicia itinerante gratuita” que alcance las “comunidades, pueblos o lugares más apartados del país”.

Dicha propuesta fue presentada en los foros organizados por el Congreso y retomada por los legisladores, y según la ministra, buscaría acercar el PJF a “personas que no tienen ni siquiera para pagar el transporte al núcleo de población más cercano o a la cabecera municipal”.

¿’Legitimidad’ es ‘democratización de la justicia’?

No todos los actores del sistema judicial comparten la analogía “legitimidad” es igual a “democratización” de la justicia, promovida tanto por el presidente López Obrador, la presidenta electa Sheinbaum Pardo y defendida por tres ministras de la Suprema Corte (SCJN), entre ellas, la propia Esquivel Mossa.

Por ejemplo, Jorge Nader Kuri, socio fundador de la prestigiosa firma Nader Abogados, S.C., reconoce que “los poderes judiciales con un sistema de designación política como el de México, históricamente tienen un déficit democrático”.

El abogado penalista refiere que el juzgador, por una parte, es un funcionario público que representa los intereses del pueblo, y por otra, “ninguno de ellos es un representante popular”.

La elección de ministros es una idea atrevida e interesante, porque podría resolver ese déficit democrático

dice en entrevista exclusiva con EL CEO.

Aunque advierte que la elección popular (en la que según proyecciones del centro de análisis México Evalúa participarán 10,152 aspirantes a magistrados y jueces), no garantiza el acceso a la justicia que demanda la ciudadanía, ya que podría “desprofesionalizar” la carrera judicial que demanda experiencia y pericia técnica.

Reforma “privilegia” carrera judicial: Esquivel

La ministra Esquivel Mossa sostiene que la carrera judicial no está “disociada” o “divorciada de la elección popular”.

Según el dictamen que ahora se discute en el Congreso, existirán comités de selección que privilegiarán la carrera judicial, y aquellos juzgadores con más experiencia podrán postularse para competir por el mismo puesto que serían obligados a abandonar.

Se puede a través de este comité de evaluación que se plantea en el dictamen, se respete a la carrera judicial, tengan preferencia los que vengan de carrera judicial, y tengan un puntaje o evaluación arriba de las personas que no tengan carrera judicial

afirma la juez constitucional.

Esquivel Mossa reconoce que dicho comité, compuesto por legisladores en su mayoría de Morena y sus aliados, serán los encargados de seleccionar estos perfiles.

Por lo que, indudablemente, tendrán la responsabilidad de decidir la “idoneidad” de los perfiles que competirán por el puesto:

No debe de haber preocupación toda vez que los comités de evaluación van a hacer un trabajo muy serio. Un trabajo muy cuidadoso, en donde se analicen los perfiles de las personas que van a llegar. Y que esas personas sean personas que auténticamente cubran todos los requisitos que debe tener la investidura de un juez

señala.

Por último, vaticina que dicho comité va a privilegiar aquellos perfiles que garanticen la “independencia” de los juzgadores, dado que, al estar “revestidos” de “legitimidad”, sus determinaciones tendrán mayor “credibilidad”.

“Y que esas personas sean personas que auténticamente cubran todos los requisitos que debe tener la investidura de un juez. La investidura de un magistrado o de un ministro. Entonces, no deben temer a una reforma en la que se elige de manera diferente a los jueces, magistrados y ministros”, sentencia.

Despachos alertan los riesgos de captura política del PJF

Contrario a lo que asegura la ministra Esquivel Mossa, los líderes de los despachos más importantes de México coinciden en que no hay certeza de que los juzgadores electos por voto popular estén capacitados para dictar sentencias apegadas a la ley.

Víctor Oléa Peláez, director de la firma Oléa y Asociados S.C. y presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, califica como una “entelequia” la “democratización de la justicia”, ya que, dice, la elección de ministros, magistrados y jueces politizaría todo el sistema de justicia.

Esto conlleva la eliminación de la capacidad judicial y la experiencia, por perfiles que van a ser clara e indudablemente políticos (…)  Es muy probable que Morena imponga sus candidatos

 señala en entrevista con EL CEO.

Por su parte, Arturo Boisseauneau Pastor, socio del despacho Aguilar Barroso Abogados, advierte que el aspecto más preocupante de la reforma judicial, aún con las modificaciones incluidas en el dictamen, es que la elección de juzgadores –como se plantea– “no tiene precedentes”.

“Es una especie de borrón y cuenta nueva, porque no hay una garantía real de que la capacitación se pueda transferir a los nuevos titulares de esos juzgados (…) Lo cierto es que someter a un proceso electoral a un servidor público, representa mayores riesgos también para la corrupción misma y para la transparencia”

, asevera.

En el mismo sentido, Sergio Bonfiglio, socio director de la firma Bonfiglio MacBeath Abogados S.C., subraya que la “capacidad” no necesariamente está relacionada con  la experiencia adquirida en la carrera judicial.

Podemos llegar a tener juzgadores sin experiencia y que eso llegue a afectar a la ciudadanía en la toma de resoluciones. Porque si bien es cierto va a existir un comité disciplinario, ante una persona con capacidad, pero sin experiencia, va a tener una tarea interesante

menciona.

AMLO y Sheinbaum, ¿a favor de otra reforma judicial?

Esquivel Mossa señala que en los diálogos con las barras de abogados, universidades y trabajadores del Poder Judicial, se habló sobre las deficiencias del sistema de justicia, por lo que advierte la ministra, es indispensable elaborar otra reforma que atienda los pendientes.

¿Se ha acercado al presidente López Obrador o a la nueva legislatura?

–Mire: en público y en privado se han planteado todos estos temas y aspectos que platicamos usted y yo. En público y en privado se ha comentado cuáles son las deficiencias en el sistema de justicia.

“Creo que después de estos diálogos que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, hay una gran sensibilidad por parte de los legisladores para analizar en qué debe consistir”, adelanta.

La reforma judicial modifica 16 artículos de la Constitución, para dar paso –entre otros puntos– a la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos nuevos órgano de disciplina y administración judicial.

Además crea la controvertida figura de “jueces sin rostro”, una figura que utilizaron en pasado los gobiernos italiano, colombiano y peruano, para combatir a las mafias y grupos terroristas, pero ha sido descalificada por organismos internacionales de derechos humanos, entre otros, por Naciones Unidas (ONU).

En agosto pasado se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con más de 100 modificaciones a la iniciativa presidencial enviada el 5 de febrero de este año.

No obstante, según se ha denunciado, ignoraron las peticiones de los actores involucrados: ministros, jueces, magistrados y abogados.

“Existen muchos pendientes”

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha defendido la reforma judicial tal y como fue planteada por López Obrador, lo que encendió alarmas entre inversionistas y agencias calificadoras.

México respondió con una “pausa” a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá.

Los sectores críticos de la reforma reprochan falta de certeza jurídica para las empresas, el estancamiento del crecimiento económico del país, y las posibles controversias que se provocarían la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026.

La segunda  reforma que debe darse a nivel nacional, existen muchos pendientes”, insiste la ministra Esquivel Mossa.

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La segunda parte del especial, jueves 12 de septiembre de 2024.