La Cámara de Diputados aprobó este martes modificaciones para equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, que implicará prisión preventiva a quienes utilicen facturas falsas.
Con 318 votos a favor, tres abstenciones y 121 en contra, el pleno aprobó en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Ahora la Cámara baja discute las reservas al dictamen, que ya había sido aprobado por el Senado.
El dictamen establece una sanción de dos a nueve años de prisión a aquella persona que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La pena anterior era de tres a seis años.
Además se castigará de la misma forma a quien a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones será destituido e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.
El dictamen indica que se requerirá querella por parte de Hacienda para proceder penalmente por este delito.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que empresas fantasma emitieron alrededor de nueve millones de facturas falsas durante cinco años por un monto de 1.6 billones de pesos aproximadamente.
A finales de junio, el brazo fiscalizador de Hacienda había detectado a 8,204 empresas factureras, las cuales emitieron nueve millones de facturas falsas.
Coparmex peleará contra “terrorismo fiscal”
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que promoverá un juicio de amparo ante lo que consideró “el inicio de una nueva forma de terrorismo fiscal”.
La defraudación fiscal, genérica y equiparada, consistente en la omisión total o parcial del pago de una contribución (…) mediante engaños y/o aprovechamiento de errores, de ninguna manera debería ser considerada una amenaza a la seguridad nacional,
indicó la cúpula patronal en un comunicado.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) había mostrado su desacuerdo con equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada por lo efectos negativos o colaterales que tendrá la modificación en distintos sectores productivos del país.
El presidente del organismo, Carlos Salazar Lomelín, tuvo reuniones con legisladores u el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer sus argumentos.
“Ante ellos pudimos exponer la problemática que se genera para los diversos sectores empresariales que están integrados en el CCE, y se han realizado propuestas concretas para mitigar los efectos negativos que podría generar la implementación de la reforma”, indicó el organismo en un comunicado el 10 de octubre.
Sin embargo, apuntó que un tema donde no había logrado consensos era el relativo a sancionar con prisión preventiva oficiosa y hacer aplicable el régimen de delincuencia organizada (incluyendo extinción de dominio) a la defraudación fiscal y su equiparada.
