Este martes, un juez ordenó suspender definitivamente el proceso para designar al nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) porque los perfiles propuestos por el gobierno federal no cubren los requisitos.
Édgar Ulises Rentería Cabañez, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, otorgó un amparo a las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo para detener el desarrollo de selección.
“Surge la necesidad de paralizar momentáneamente el camino que habría de seguir la propuesta presentada por el Presidente de la República, para la designación de la persona que resultare favorecida de entre aquellas que integran la terna para ocupar el cargo de Procurador de la Defensa del Contribuyente; y, así suspendido, estar aún en posibilidad de confrontar ese acto reclamado con los requisitos que la Ley aplicable exige para designar al Titular de dicha Institución”, se lee en el documento de la suspensión emitido por el Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, alertó que en caso de no obedecer la suspensión, se incurrirá en el delito previsto en la Ley de Amparo y cuya pena puede derivar hasta en nueve años de prisión.
Los perfiles presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de agosto son: Martha Patricia Jiménez Oropeza; Alberto Puga Bolio y Ricardo Rodríguez Vargas, quien renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Alguno de ellos sería votado por el Senado de la República.
¿Por qué no pueden dirigir Prodecon?
La Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente dictamina que para dirigir la Procuraduría, se solicita la acreditación de competencia y experiencia en materia fiscal en un plazo mínimo de cinco años, y de acuerdo con las organizaciones, ninguno de los tres perfiles cumple con esa condición.
Tanto Jiménez Oropeza como Puga Bolio tienen experiencia en el rubro, pues han trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo su trayectoria en dicha dependencia no llega al lustro requerido.
En el caso de Rodríguez Vargas, está inhabilitado pues fungió como director del INDEP; la misma ley prohíbe haber presidido algún órgano del gobierno federal en los tres años previos al nombramiento.
“La suspensión definitiva que dictó el Juez de Distrito obedece a la necesidad de contar con una procuraduría verdaderamente autónoma del gobierno federal que sea capaz de defender los derechos de los contribuyentes sin apego a interés político alguno. Los requisitos con los que debe cumplir el nuevo titular de este importante organismo deben respetarse a cabalidad”, dijo Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, durante una conferencia vía Zoom.
