Las demandas a México que las empresas internacionales interpondrán al ver afectados sus derechos si se aprueba la reforma eléctrica en los términos que fue presentada representarán para el país un desembolso de 70,000 millones dólares, lo que representa 20.03% del gasto previsto en el Presupuesto de Egresos del 2022.
De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) estima que si la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se aprueba sin cambios, México deberá pagar unos 70,000 millones de dólares para compensar a los inversionistas que no desarrollaron sus proyectos en México.
En el parlamento abierto de la reforma eléctrica que se realiza en la Cámara de Diputados, Julia González Romero, socia consultora del despacho de abogados González Calvillo, destacó que el monto representa 20.03% del gasto previsto en el Presupuesto de Egresos del 2022.
Ese dinero va a salir de nuestros impuestos y podría estar mucho mejor invertido en otro lugar
mencionó la analista del sector energético.
México, como país soberano ha firmado y ratificado diversos tratados y convenios internacionales. Uno de ellos es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Su artículo 24, dice: “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Los Estados pueden tener el marco regulatorio que más le convenga, pero si derivado de su marco regulatorio interno contravienen un tratado internacional que firmaron y suscribieron, pueden hacerse acreedores a demandas.
“México es soberano al tener un marco regulatorio en el que los inversionistas públicos y privados han decidido invertir, lo que no se permite es que si estos cambios (a la regulación energética) vulneran tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, entonces no se tengan las consecuencias previstas en esos tratados”, expuso González.
México ha ratificado voluntariamente, soberanamente más de 30 convenios bilaterales de protección de inversiones y una decena más de tratados multilaterales.
Estos convenios dan derechos a los inversionistas que permiten que se demande directamente a México por la violación a alguno de estos derechos
, mencionó la abogada.
La gran mayoría de estos tratados tienen una cláusula conocida como “cláusula cremallera”, es un cierre, si se abre ya no se va a poder volver a cerrar.
Tanto el T-MEC como el Tratado integral y progresista y el Tratado de la Asociación Transpacífico incluyen estas cláusulas cremalleras, destacó.
Disparará emisiones de carbono
La reforma eléctrica aumentará las emisiones de carbono, azufre y de óxido de nitrógeno, pese a que México se comprometió a reducir 22% los gases de efecto invernadero y 52% del carbono negro.
El Departamento de energía de Estados Unidos estima que las emisiones de carbono en México podrían dispararse hasta 65% si se aprueba la iniciativa de reforma en los términos en que se encuentra porque reducir la participación de los privados va a resultar en un menor uso de las plantas eólicas, solares que ya están operando y dará prioridad al uso del combustóleo y el carbono.
La iniciativa de reforma resulta incongruente con la política climática nacional al no estar ligadas con las necesidades y metas de reducción de emisiones, lo que implica incumplir con los compromisos, lo que puede violar varios derechos humanos, concluyó la analista.
En #CONCAMIN creemos que el diálogo, la unidad y el trabajo conjunto, siempre será el camino que debemos tomar para lograr los acuerdos que nos lleven a encontrar una solución.
📍#ForoParlamentoAbierto para la #ReformaEléctrica @Mx_Diputados@CFEmx@abugaberjose#TodosSomosMéxico pic.twitter.com/qDCe8BTCjU— CONCAMIN (@CONCAMIN) January 25, 2022
