15 de septiembre 2021 | 5:00 am

Más del 70% del gasto programable que se propone para CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos en 2022 está asignado a Altán Redes, el operador de la Red Compartida, que actualmente se encuentra en concurso mercantil. 

Esta asignación se haría en contra del artículo 50, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual prohíbe destinar recursos públicos a empresas que estén sujetas a concurso mercantil o figura análoga.

Sin embargo, del gasto programable total para CFE Telecom (3,309.6 millones de pesos), Altán Redes percibirá 2,425.2 millones de pesos, es decir, 73.3%, de acuerdo con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022. 

Dicho dinero se clasifica en la partida presupuestaria E583 de Servicios de infraestructura aplicable a telecomunicaciones, lo que se traduciría como el pago a Altán Redes, un escenario que supone una violación a la ley por el riesgo que representa, comentó Jorge Espinosa, exdirector de la Red Troncal.

La mayoría del presupuesto, el 73% se destinará a pagar servicios, que CFE Telecom adquiere a Altán Redes que está a punto de quebrar y la poca conectividad lograda hasta ahora pudiera esfumarse de un momento a otro

dijo en entrevista con EL CEO.

De la Gestión del Corporativo de las partes subsdiarias se desprenden los ‘proyectos de infraestructura económica de electricidad’, lo que genera también inquietud sobre este gasto de inversión, pues a decir de Espinosa ‘la imprecisión confunde’.

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El proyecto es esencialmente de telecomunicaciones, por lo que la ‘definición’ da lugar a pensar que esa partida pudiera destinarse a proyectos relacionados con electricidad en vez de telecomunicaciones, agregó. 

El total del presupuesto propuesto para CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos en 2022 es de más de 6,000 millones de pesos, 202.1% más que el presupuesto asignado para 2021:

Sin viabilidad

Actualmente, Altán Redes carece de viabilidad financiera, se debe reconstruir y modificar su estructura jurídica, comentó por su parte Jorge  Fernando Negrete Pacheco, presidente de Digital, Policy & Law Group.

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Negrete Pacheco enfatizó que el gobierno mexicano ‘no puede transferir un solo peso a ninguna empresa que esté en concurso mercantil’, sobre todo a una empresa que está sin flujo.

El adeudo de poco más de 800 millones de dólares a Nokia y Huawei se suman al adeudo de un monto similar al gobierno mexicano.

La empresa necesita un flujo de caja mensual que no tiene, “no hay forma de que tengan dinero, por eso tuvieron que capitalizar la empresa’, dijo Negrete Pacheco.

Si el gobierno mexicano le sigue metiendo dinero a esta empresa estaría violando la ley, pero también estará financiando un negocio privado con dinero público.

Concurso mercantil

A finales de julio, el Juzgado Séptimo en Materia Civil en la Ciudad de México admitió a trámite la solicitud de la empresa para iniciar el concurso mercantil, el primer hito en el proceso de reestructura de Altán Redes.

Una vez que se hizo público el concurso mercantil, “el dinero que está rescatando a esa empresa y que está financiando a empresarios privados es dinero público”, aseveró Negrete Pacheco.

La firma argumentó que ante los retos actuales a nivel global, al igual que muchas otras iniciativas de infraestructura como la Red Compartida, se encontraba en proceso para mejorar las condiciones financieras de la compañía.

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Altán Redes dijo a EL CEO que el proceso del concurso mercantil “corre de forma normal y de acuerdo con los tiempos que marca el Instituto Federal de Concursos Mercantiles (IFECOM), lo cual puede tomar de seis meses a un año”.

La empresa rechazó que la partida propuesta para CFE Telecom en 2022 sea para su operación, además descartó su participación en algún proyecto de inversión distinto a la Red Compartida.

4T, ¿al rescate?

Además de que sigue acéfala desde el fallecimiento de Raymundo Artis Espriú, quien fuera el director general desde su creación a finales de 2018 hasta junio de este año, hay otros elementos que generan inquietud.

Al ser cuestionada sobre si hay alguna posibilidad de que el gobierno absorba Altán Redes y eventualmente la adquiera, la firma respondió que no.

En ese sentido, aseguró que la Red Compartida avanza en sus compromisos de despliegue y continúa con sus operaciones de manera regular.

Actualmente cubre el 65.69% de la población con cobertura propia y el resto a través de otras redes disponibles, llegando a más 3.6 millones de usuarios finales a través de sus más de 100 clientes mayoristas.

Si bien Altán Redes es una asociación público-privada (APP) creada con recursos propios, y en teoría no funciona con recursos públicos, en la administración comandada por Andrés Manuel López Obrador se han dado una serie de movimientos que favorecen al operador de la Red Compartida.

En principio, se modificó el reglamento de Telecomunicaciones de México para permitirle a Altán controlar toda la infraestructura pasiva de la administración pública, tanto a nivel local como a nivel nacional.

También, se reubicaron facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que se suma a la propuesta de presupuesto para CFE Telecom que en buena medida estaría destinado al operador de la Red Compartida.