La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades en el gasto de al menos 228.4 millones de pesos (mdp) en Chiapas en programas para mejorar el desarrollo económico y el acceso a la salud en el estado durante 2018.
El gobierno de la entidad no pudo comprobar el uso de 1.4 mdp en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, cuyo objetivo es promover acciones para el desarrollo económico en los municipios y diferentes demarcaciones territoriales distribuidos en todos los estados del país.
También fue incapaz de demostrar en qué gastó 2.1 mdp que recibió del gobierno federal a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, dinero que debió haber sido invertido en acciones “sociales básicas” para beneficiar a población en pobreza extrema y localidades con niveles altos y muy altos de rezago social.
En materia de salud, el estado no logró acreditar el uso de 6.6 mdp en el Programa de Inclusión Social (Prospera), cuya finalidad es coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema.
Pero las mayores irregularidades que detalla la ASF en su segundo informe sobre el gasto público del 2018 se encuentran en el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (SSA) y el gobierno de Chiapas.
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2018-A-07000-19-0646-2019, el gobierno chiapaneco tiene por aclarar 218.1 mdp de los 3,484 mdp que le transfirió el gobierno federal por el acuerdo que busca mejorar en lo general el sistema de salud de la entidad, según se establece en el Diario Oficial de la Federación.
El documento “presume un probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública de 80.3 mdp y otro de 104.6 mdp por falta de pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Fondo para la Vivienda y al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
Además, la ASF detectó otro probable daño de 8.1 mdp a las arcas públicas por el pago a 31 trabajadores “que no fueron identificados por los responsables de los centros de trabajo en la validación del personal, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Asimismo, la auditoría dio cuenta del gasto de 24.6 mdp por el pago de medicamentos que excedieron montos contratados, 215,517 pesos por el pago de un electrocardiógrafo multicanal no localizado físicamente, 141,221 pesos por atender a 15 personas que no estaban en el Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.
El estado más pobre del país
Desde hace años, Chiapas ha sido considerado el estado con mayores carencias sociales y económicas del país.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó en el reporte 10 años de medición de la pobreza en México, 2008-2010 que solo el 17% de la población del estado sureño cuenta con seguridad social. Es el estado con menor cobertura en ese rubro.
El informe presentado el 5 de agosto pasado indica que en los últimos 10 años disminuyó en 0.6% la población que vive en condiciones de pobreza, y 9% la que vive en condiciones de pobreza extrema, al pasar del 38.7% en 2008 al 29.7% en 2018.
En pocas palabras, Chiapas encabeza la zona del país que presenta los mayores sociales en todo el país.
“El reto mayor sigue siendo el sureste del país donde se encuentran las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2008-2018: Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero (68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 66.4%) y Veracruz (51.2% a 61.8%)”, escribe Coneval en el reporte.
Como resultado de las ocho auditorías realizadas, la ASF emitió 12 pliegos de observaciones, 10 promociones de responsabilidad administrativa, 4 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y 1 recomendación.
Sin embargo, las irregularidades en el gasto reportadas por la ASF se presentaron en un año en el que el estado tuvo tres gobernadores diferentes, lo que dificulta su esclarecimiento, opina Víctor Espinoza, politólogo del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
La entidad comenzó el 2018 con Manuel Velasco como gobernador, pero en las elecciones federales del 1 de julio resultó electo para ocupar un puesto en la Cámara de Senadores por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que tomó licencia para dejar la gubernatura el 28 de agosto. En su lugar quedó Eduardo Enrique Murat Hinojosa.
Sin embargo, Velasco recuperó el puesto el 4 de septiembre y se mantuvo hasta el 7 de diciembre, cuando lo relevó Rutilio Escandón Cadenas, actual mandatario estatal que concluirá su periodo en 2024.
“2018 fue un año más complicado de lo habitual para Chiapas. Aunque la licencia de Velasco duró solo algunos días, se trata de un hecho que agrega complejidad a la rendición de cuentas en el estado”, dice Espinoza.
