Nota del editor: Este texto es responsabilidad del autor.
Sunny Arely Villa Juárez*
Todas las personas hemos sido cuidadas o cuidadoras en algunas etapas de la vida. Hay quienes lo requieren o deciden darlo por más o por menos tiempo. La realidad es que todas las personas lo demandamos y ofrecemos, aunque no en la misma medida.
El trabajo de cuidado históricamente ha sido asignado a lo privado. Su provisión ha sido responsabilidad de los hogares, principalmente a las mujeres, manteniendo invisible el trabajo realizado y su valor monetario que impacta en lo que medimos como desarrollo.
En aras de incrementar la igualdad, la productividad del país y respaldar la nueva construcción de familias, se ha impulsado la ‘participación laboral’ de las mujeres. Sin embargo, se ha dejado de lado el reconocer, valorar y remunerar el trabajo de cuidados que históricamente se les ha asignado. Esto ha llevado a que la mayoría de las mujeres que participan del mercado laboral formal tengan una doble jornada de trabajo, muy por encima de la que tienen los hombres.
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En promedio, las mujeres asignan 11.3 horas más que los hombres a realizar trabajo de cuidado no remunerado a algún miembro del hogar. Estas desigualdades se profundizan en los deciles más bajos de ingresos.
De acuerdo con el trabajo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, las mujeres en los deciles más altos de ingresos dedican dos horas menos a la semana respecto de sus homólogas en los deciles dos y tres. Además, la corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres se da en mayor medida en los deciles más altos. Empero, la diferencia de horas dedicadas a estas actividades entre mujeres y hombres es casi el equivalente a una jornada laboral.
Por lo que se refiere a la constitución de los hogares, la cantidad de horas dedicadas al trabajo de cuidado también varía según el ciclo de vida en la que se encuentran los miembros del hogar. Si bien todas y todos requerimos cuidados, las personas en primera infancia, con alguna discapacidad y/o en la adultez mayor son más propensas a requerir cuidado.
En los hogares con al menos una persona potencial de requerir cuidados, se registra un incremento de 14 horas en las labores de cuidado no remuneradas, en contraste con aquellos hogares que no tienen esta constitución.
Para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres y permitir a todas las personas desarrollar su máximo potencial, necesitamos reconocer el trabajo de cuidado como una responsabilidad pública. México necesita un Sistema Nacional de Cuidados. Esto no es solo una inversión financiera, sino un compromiso moral y social.
Un sistema bien estructurado no sólo aliviaría las desigualdades de género al permitir a las mujeres acceder a oportunidades laborales y liberarlas de una carga abrumadora, sino que también permitiría una redistribución más equitativa de las responsabilidades. Este sistema no sólo beneficiaría a quienes necesitan cuidados, sino que también protegería a los grupos más vulnerables al contribuir con una vida digna.
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Para 2023 se aprobaron en el presupuesto de egresos 39,647 millones de pesos a servicios públicos de cuidado a nivel federal. Esto apenas representa el 0.48% del gasto neto total y es 24% menos que lo ejercido en 2018.
A medida que nos acercamos al paquete económico de 2024, es imperativo que esta causa sea prioridad en la agenda política y que las voces de aquellas personas directamente afectadas guíen las decisiones del país.
El esfuerzo que se requiere para financiar un Sistema Nacional de Cuidados no es solo para construir un sistema, sino para construir un futuro. Un futuro en el que cada persona, sin importar su género, edad o capacidad, tenga la oportunidad de vivir una vida digna y plena. Es hora de que elevemos los cuidados al centro de nuestras prioridades y construyamos un Estado donde nadie quede atrás.
* Es directora asociada del departamento de economía del Tec de Monterrey y socia fundadora del CIEP. Se especializa en estudios del presupuesto y gasto público, economía de los cuidados, género y el desarrollo sostenible. Es Doctora en Políticas Públicas, Maestra en Administración Pública y Políticas Públicas y Licenciada en Economía. Trabaja por una sociedad mejor informada y más participativa de los temas fiscales con perspectiva de género y la equidad intergeneracional.
El CIEP es un centro de investigación de la sociedad civil sin fines de lucro ni agenda partidista; provee información y análisis relevantes y técnicamente sólidos para mejorar y democratizar la toma de decisiones en economía y finanzas públicas.