Nota del editor: Este texto es responsabilidad del autor.
Alejandra Macías Sánchez*
Del 15 al 17 de mayo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llevó a cabo el XXXV Seminario Regional de Política Fiscal, en el que presentó el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe de 2023.
En esta edición se dedicó un capítulo completo a definir una metodología para identificar y medir el gasto público vinculado a la igualdad de género, a pueblos indígenas, personas afrodescendientes y personas con discapacidad. En esta ocasión me centraré en los hallazgos sobre el gasto público etiquetado para la igualdad de género.
El análisis se realizó para cuatro países de la región con base en el estudio de sus presupuestos: Argentina, Guatemala, México y Uruguay.
La metodología consiste en identificar a los programas, subprogramas o acciones que, desde sus objetivos y actividades, se vinculen con la igualdad de género, en general, igualdad entre hombres y mujeres.
Después de ese primer paso, se analiza programa por programa, para definir si el presupuesto se puede etiquetar con perspectiva de género al 100% o se toma alguna proporción de éste con base en información de beneficiarios o de la población.
Los programas se pueden clasificar según las diez funciones de gobierno que determina el Manual de estadísticas de finanzas públicas del FMI, publicado en 2014, entre las que se encuentran defensa, orden público y seguridad, asuntos económicos o protección social.
Adicionalmente, para comprender mejor el destino del gasto con perspectiva de género, se utilizan las autonomías de la mujer abordadas por la misma Cepal en el Observatorio de Igualdad de Género.
La autonomía física se relaciona con derechos reproductivos de las mujeres y violencia de género; la autonomía económica es la capacidad que tienen las mujeres para generar ingresos, tomando en cuenta la distribución del tiempo dedicado al trabajo no remunerado; y la autonomía en la toma de decisiones se refiere a la presencia y participación de las mujeres en asuntos públicos y privados.
Resultados del estudio
Los resultados señalan que Argentina gasta 3.29% de su PIB en políticas públicas que incluyen, en alguna medida, la perspectiva de género. Le sigue Guatemala con 0.86%; Uruguay con 0.71% y México con 0.51%.
En Argentina y Uruguay, más del 89% de este gasto pertenece a la función protección social.
En México, la protección social representa el 58%, mientras que la educación contribuye con el 20%.
Para Guatemala, las principales funciones son protección social (23%), vivienda (19%) y orden público y seguridad (18%).
Por otra parte, en Argentina, Uruguay y México, más de 70% del gasto público con perspectiva de género se destina a impulsar la autonomía económica. En cambio, en Guatemala 44% se dirige a la autonomía física y 27% a la autonomía económica.
Me parece que este ejercicio es muy valioso para visibilizar el gasto público que tiene como objetivo cerrar las brechas entre hombres y mujeres en países de la región. Sin embargo, considero que esta es una condición necesaria, pero no suficiente.
Por lo general, la política pública, es decir los programas y acciones, carecen de perspectiva de género desde su diseño, lo que quiere decir que, aunque etiquetemos recursos con la leyenda “igualdad entre hombres y mujeres”, no lograremos eliminar tales desigualdades.
Por ejemplo, en México, el mayor presupuesto etiquetado como igualador entre hombres y mujeres es el del programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) porque hay más mujeres beneficiarias que hombres. Sin embargo, es así principalmente porque las mujeres tenemos mayor esperanza de vida, pero el diseño del programa no reconoce que las mujeres hicieron más trabajo de cuidados y del hogar no remunerado durante su vida, ni las necesidades propias de las mujeres adultas mayores.
Para tener presupuestos con perspectiva de género, primero debemos tener programas y acciones diseñados con los lentes violeta, reconociendo las brechas entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de las políticas públicas.
Fuente: Cepal
- Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2023: política fiscal para el crecimiento, la redistribución y la transformación productiva. Mayo, 2023
- Observatorio de igualdad de género. Autonomías de la mujer.
*Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y se especializa en cambio demográfico y finanzas públicas. Le interesa mejorar las finanzas públicas con base en evidencia y perspectiva de género.
El CIEP es un centro de investigación de la sociedad civil sin fines de lucro ni agenda partidista; provee información y análisis relevantes y técnicamente sólidos para mejorar y democratizar la toma de decisiones en economía y finanzas públicas.
