#InformaciónConfidencial: La UIF de Omar García Harfuch vs Salinas Pliego

#InformaciónConfidencial: La UIF de Omar García Harfuch vs Salinas Pliego

La reconfiguración del poder financiero dentro del gabinete es evidente. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, mantiene el mando formal sobre la UIF, pero su margen de maniobra se reduce ante un Harfuch que acumula control político y operativo.

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La escena de este miércoles en Palacio Nacional fue más que ilustrativa: durante la conferencia donde se anunció una investigación contra 13 casinos —dos de ellos propiedad de Ricardo Salinas Pliego—, brilló por su ausencia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En su lugar, quien acaparó los reflectores fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Su sola presencia envió un mensaje: la UIF parece hoy más cercana a la lógica policiaca que a la fiscal. La ausencia de Omar Reyes Colmenares, homónimo del “superpolicía” de la 4T, no pasó inadvertida. Es el jefe formal de la UIF, pero cada vez más parece un funcionario decorativo.

Otro hecho llamativo fue la presencia de la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, y no de representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dado que se trata de un caso que involucra presunta defraudación y posible incumplimiento de la ley antilavado, el SAT debió tener un papel central.

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Detrás de esa decisión hay un cálculo político. La Procuraduría Fiscal puede hablar de sanciones y procesos sin comprometer auditorías ni revelar datos sensibles del SAT. Además, evita poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo es que esos casinos operaron durante años sin alertas efectivas de la UIF?

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La reconfiguración del poder financiero dentro del gabinete es evidente. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, mantiene el mando formal sobre la UIF, pero su margen de maniobra se reduce ante un Harfuch que acumula control político y operativo.


Omar García Harfuch vs Ricardo Salinas

De forma paralela, se abre un nuevo frente en la larga disputa del Estado con Ricardo Salinas Pliego, a propósito de los adeudos fiscales que este jueves 12 de noviembre revisará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los señalamientos contra sus casinos llegan en un momento en que la narrativa oficial busca reforzar su imagen de fuerza y limpieza institucional.

El SAT señala que el adeudo de las empresas de Salinas Pliego asciende supera los 48,000 millones de pesos, entre multas, recargos y actualizaciones de pago de impuestos de 2008 a 2013.

Mientras tanto, el hecho de que la investigación de los casinos se lleve a cabo bajo el paraguas del aparato de seguridad —con Omar García Harfuch al frente mediático— convierte lo que podría haber sido una operación técnica de Hacienda en una jugada de alto voltaje político.

El silencio de Francisco Cervantes

El todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, no dio declaraciones a los medios de comunicación durante su asistencia al evento México IA+ Inversión Acelerada, algo que es poco común en el principal interlocutor de la iniciativa privada con el gobierno de Claudia Sheinbuam, aunque no tanto en el contexto actual.

Justo unas horas antes —la noche del martes 11 de noviembre— el CCE confirmó a José Medina Mora como candidato único para buscar la presidencia de la organización, lo que podría marcar un giro en la relación con la administración federal.

Mientras que Cervantes Díaz ha tejido lazos cercanos con los gobiernos de la Cuarta Transformación, el exdirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) arrastra diversos desencuentros con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tal vez esa fue la diferencia para que la iniciativa privada apostara por Medina Mora. Y es que el apoyo dado al gobierno federal en detrimento de algunos empresarios no gustó entre diversos agremiados del CCE.

Durante su mandato, el propietario de Grupo Minero Cervantes tuvo una ruptura con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). En ambos casos hubo suspensiones que los afectados consideraron en represalia por no coincidir con la visión del actual presidente del CCE.

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