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13 de septiembre 2019 | 5:02 am

El Administrador de la Base de Datos (ABD) para los trámites de portabilidad es un elemento clave para ‘apagar’ de manera significativa la portabilidad no consentida, pues al eliminarlo se acotaría a solo dos canales la solicitud de portabilidad del usuario, a fin de hacer más eficiente el proceso consentido y reducir las afectaciones en industria y usuarios. 

Para Daniel Ríos, vicepresidente Adjunto de Asuntos Externos de AT&T, la clave para frenar drásticamente la portabilidad no consentida radica en eliminar el portal web al que solo tienen acceso el ABD, los operadores y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En este sentido, el órgano regulador precisó a EL CEO que aunque los distribuidores no tienen acceso, pueden realizar trámites a través del operador.

Al respecto, el directivo dijo en entrevista que la eliminación del sitio web resulta relativamente fácil, pues es la mejor manera de evitar que el ‘slamming’ se genere, más allá de la dinámica de prevención y protocolo entre usuarios y operadores para evitarlo.

Nuestra solicitud consiste en deshabilitar del portal de internet del ABD, lo que elimina la posibilidad de que un tercero solicite un NIP a nombre del usuario

comentó en entrevista con EL CEO.

Ríos señaló que la relevancia está en atacar la raíz del problema, y ante la coyuntura del auge de la portabilidad no consentida, es momento de decidir cuál es el camino y cuáles son los elementos que se van a considerar para los ajustes a las reglas de portabilidad.

AT&T ha sido una de las empresas más afectadas por la portabilidad no consentida, siendo el operador a quien más clientes se quiere llevar la competencia, de acuerdo con los datos reportados por el IFT en el Informe ‘Soy Usuario’ de los dos últimos trimestres.

Lo que dicen los otros jugadores

Si bien AT&T, Telcel y Telefónica coinciden en que esta práctica irregular -también conocida como slamming- es una especie de fraude, las medidas de prevención implementadas en su operación, tanto para los clientes como para el personal de cada una de las empresas, no ha disminuido.

Para realizar la portabilidad de manera consentida, el usuario puede solicitar al operador receptor su Número de Identificación Personal (NIP), que consta de 4 dígitos, a través de un mensaje de texto (SMS), a fin de que pueda cambiarse a proveedor que eligió.

Sin embargo, los SMS puede ser un arma de doble filo, pues justo el canal de mensajes de texto, además de las llamadas, son las vías más rápidas para que un operador ‘se robe’ a un cliente de otra compañía, a través de un tercero que cumple esas funciones.

En la última década América Móvil ha sido el más beneficiado por la portabilidad, pues es quien en general registra el volumen más alto, lo que aduce a su papel promotor para que el usuario ejerza ese derecho, lo que ha resultado en números y prácticas comerciales sólidas, aunque perfectibles.

Pese a algunos huecos, hay una regulación sólida, y hay terceros que se aprovechan. La transparencia es básica, hay que reforzar procesos para frenar esos huecos

dijo Héctor Hugo Huerta Reyna, subdirector jurídico de América Móvil, durante su participación en el 2o. Foro de Telecomunicaciones de la Profeco.

Desde 2008, año en que se implementó la portabilidad numérica, a la fecha, el año pasado fue cuando se registró la mayor portabilidad móvil, con más de 21 millones de números portados para todas las compañías del sector que ofrecen telefonía móvil.

Por su parte Ana de Saracho, directora de Regulación de Telefónica México, comentó que la portabilidad brinda dinamismo al mercado, además de que cada vez hay más incentivos para mejorar las ofertas dar mejores beneficios al usuario y mantener estándares de calidad, sin embargo, también es una presión para el operador.

Cuando encontramos que se hace un mal uso es nuestra responsabilidad como empresa como poner limitantes, desincentivar o lo que nos toque hacer

dijo la directiva en el mismo foro. 

Tras la consulta pública realizada hace unos meses, el IFT evaluará las propuestas de la industria y de la Procuraduría Federal del Consumidor para ajustar de nueva cuenta las reglas de portabilidad que modificó en 2014.