La obligación de los mexicanos de entregar datos biométricos a los operadores de telefonía móvil traerá consigo una serie de amparos en contra del padrón telefónico, además de un incremento en costos para las empresas y un fuerte impacto para los usuarios.
La aprobación de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que permite la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, más que ser una medida útil para cumplir con el objetivo de reducir delitos como la extorsión, supone un obstáculo para el negocio de los operadores y un atentado contra los derechos básicos de los usuarios.
Este obligará a los usuarios a dar a los operadores sus datos biométricos, es decir, los rasgos físicos ligados a una persona como huellas dactilares, iris, registro del rostro, voz y firma.
La principal inconsistencia de la nueva versión de lo que pretendía el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut) radica en la ausencia de un análisis costo-beneficio para dimensionar, principalmente, los costos para usuarios y empresas.
Si bien se ha barajado un costo de alrededor de 109 millones de pesos para el arranque del padrón, no se sabe el origen de la cifra y qué contempla el cálculo, pues se desconoce el costo real al no haber un análisis previo, dijo Michel Hernández Tafoya, especialista del Observatorio de Telecomunicaciones de México.
Para el especialista, un proceso legislativo serio implica un análisis costo-beneficio, en donde se incluyan los costos de las empresas, que son quienes tendrán que implementar mecanismos para recopilar esa información que antes no tenían.
También, tendrían que considerarse los costos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cuanto a costos para administrar esa base de datos y hacerla interoperable con las autoridades de seguridad, tanto a nivel local como federal.
Pero no es todo. Además, hay otro eslabón que no ha sido considerado tampoco: los usuarios, a quienes también se les generarán costos, entre los que se podría integrar la transferencia de costos por parte de los operadores.
Ola de amparos
Trasladar a las empresas la carga de recopilación de información que originalmente recae en las autoridades de seguridad va a dar lugar a muchas impugnaciones y muchos amparos, lo que generará costos que además las empresas van a trasladar a los usuarios, dijo Hernández.
Se espera que vengan muchos amparos, principalmente de las empresas y de los propios usuarios, al ser los más afectados pues se nos estaría restringiendo el derecho a la conectividad, a las TIC y a la privacidad
Hernández Tafoya estima que es muy probable que varias ONG, así como grupos particulares y grupos de abogados interpongan amparos, lo que abrirá la puerta a los ciudadanos de a pie que se quieran sumar.
¿Y los operadores?
En promedio, en México, se comercializan 12 millones de SIM’s de forma trimestral, de las cuales más del 50% son adquiridos en los centros de atención a clientes de los operadores, de acuerdo con datos revelados por The Competitive Intelligence Unit (CIU).
Este escenario no fue contemplado al aprobar el padrón, a decir de Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercados de CIU, quien señala que la recolección de biométricos supone una afectación directa a la cadena de venta de estas tarjetas SIM.
Lo anterior, debido a la necesidad de los establecimientos de implementar hardware, software y personal capacitado para la debida recolección de datos, además de que en zonas rurales los SIM’s son adquiridos en establecimientos que no pertenecen al operador.
El mercado en México, se encuentra altamente concentrado, imponer barreras de adquisición de SIM’s para cambio entre operadores, afecta la competencia.
AT&T ve otra ruta
Respecto al padrón, AT&T México dijo que han estado trabajando como industria con el gobierno en algunas actividades para combatir las llamadas de extorsión, por lo que considera que hay otros mecanismos más efectivos y menos complejos de implementar para combatirlas.
Asimismo, considera que la tecnología brinda herramientas valiosas para hacerlo.
“En AT&T México somos sensibles al problema de extorsiones que enfrenta el país y estamos revisando las implicaciones de esta iniciativa”, dijo a EL CEO.
Consultados sobre el mismo asunto, tanto Telcel como Telefónica no contaban con una postura al respecto al cierre de esta nota.
