Los legisladores de Morena en el Estado de México quieren revocar la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, que está en poder de Aleática, porque consideran que la obra ya cumplió con grandes dividendos para la firma, como se establece en el contrato que firmó la entonces OHL México con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esta acción se derivaría de una reforma a la legislación mexiquense con la que se logró derogar la llamada Ley OHL, con la cual el gobierno garantizaba a los inversionistas la operación y administración de las autopistas en la entidad aún después de que el concesionario hubiera recuperado su inversión y obtenido ganancias.
Gracias a la reforma, el gobierno del Estado de México encabezado por Alfredo del Mazo Maza puede revocar la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, la cual se puede extender hasta 2051, de acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, quien en los últimos años ha seguido de cerca las operaciones de Aleatica y OHL en la demarcación.
“Lo que dice la ley es que cuando un concesionario ya recuperó su inversión en una concesión carretera, debe devolver la concesión al Estado (…) y OHL ya cobró más de 20,000 millones de pesos, lo que es mucho más que su gasto de inversión”, dice el abogado en entrevista con EL CEO.
El contrato otorga a la compañía el derecho a recuperar su inversión en el proyecto más una tasa interna de retorno real anual neta de impuestos del 10% sobre dicha inversión, de acuerdo con los propios reportes financieros de la firma.
Sin embargo, desde 2014 diversos actores políticos locales han solicitado la aclaración de la inversión de OHL en la autopista, aunque hasta el momento esa cifra no se ha revelado, lo que se espera que ocurra en los próximos meses y que abriría la puerta a la revocación de la concesión.
La joya de la corona
Con la reforma aprobada por unanimidad se abrió la posibilidad de revisar las concesiones en todas las autopistas, incluyendo la que construyó OHL en la segunda mitad de la década pasada, dijo la diputada local Azucena Cisneros este miércoles en entrevista con Aristegui Noticias.
De concretarse la posible revocación, Aleatica perdería el negocio que en esta década le ha generado más del 60% de lo que ingresa por concepto de cobro de cuotas de peaje.
Desde el comienzo de esta década, el cobro de las cuotas de peaje le dejó a Aleatica -que compró los negocios de OHL México en julio del año pasado- 36,234 millones de pesos (mdp), que significa el 21.5% de los ingresos totales que la firma reportó a la Bolsa Mexicana de Valores entre 2010 y 2019.
Para el negocio, el Circuito Exterior Mexiquense ha sido la autopista con mayor afluencia diaria y por lo tanto también su principal fuente de ingresos.
Entre 2010 y 2018, la autopista de 110 kilómetros, arrojó ingresos por 23,147 mdp, según los reportes financieros publicados por la firma durante ese lapso. Esta cifra equivale al 63% de lo que obtiene Aleatica por cuotas de peaje.
El resto lo obtiene a través de la ‘renta’ de la Autopista Amozoc-Perote, en Puebla, el Viaducto Bicentenario en el Estado de México y la Autopista Urbana Norte en la Ciudad de México.
Incremento desmedido
Pero el dinero que llega a las arcas de Aleatica se incrementa año tras año, incluso a un ritmo mayor que el crecimiento del flujo de vehículos que transitan por el Circuito Exterior Mexiquense.
En promedio, el aforo de la autopista se ha mantenido en 320,290 vehículos por día entre 2013 y 2018, con un crecimiento del 30% en el mismo periodo.
No obstante, el peaje del circuito vial se elevaron al doble en ese lapso. El salto más grande se dio entre 2014 y 2015, cuando los ingresos pasaron de 2,361 mdp a 2,940 mdp, un incremento del 24%, cuando el tránsito creció solamente el 12%.
Esto se debe a que además, la firma ha sido cuestionada por aumentar sus tarifas de manera irregular e incluso ha sido tachada de abusiva, como ha señalado el abogado Díez Gargari.
La iniciativa que deroga la Ley OHL fue propuesta por el diputado Faustino de la Cruz y permitirá la entrega de las vías para que el gobierno se haga cargo de ellas.
Díez Gargari señala que a partir de ello, el Estado tiene la facultad de manejar las obras de tres maneras distintas: convertirlas en vías de libre circulación, estableciendo cuotas de peaje más bajas que las actuales para cubrir solamente los gastos operación o volver a concesionarlas, bajo el compromiso de establecer también cuotas menores.
