Desde 2016, la editorial independiente Tiempo Extra Impresores está quiebra.

El proyecto enfocado A promover la cultura de México podría dejar de publicar su impresión más conocida, el Compendio del medio artístico, el próximo año porque ya no hay manera de costearlo, asegura Arturo Jiménez Vargas, director de esta firma.

La “puntilla de la crisis” de la editorial son los más de 40,000 pesos que desde hace tres años le debe la cadena de librerías del Estado mexicano Educal a Tiempo Extra Impresores, quien le confió al menos 600 ejemplares para venta del compendio en 2016.

El adeudo forma parte de la cuenta de 82 millones 997,640 pesos que Educal debe a editoriales privadas e independientes por concepto de proveerle libros y otros productos, tan solo para el año pasado.

La deuda que dejó la pasada administración de Educal, a cargo de Gerardo Jaramillo Herrera, al cierre de 2018 es la segunda más alta registrada por la paraestatal al menos desde 2013, año a partir del cual son públicos los estados financieros, de acuerdo con la base de datos elaborada por el CEO.

Esta base surgió de la revisión de cada uno de los estados de la situación financiera de la empresa, mismos del que tiene posesión este portal.

Sin embargo, la dependencia de la administración federal que será encargada de dar su liquidación a editores y de resolver el pasivo corriente de 123 millones 181,795 con que cerró Educal 2018, es un tema aún incierto.

El pasado 21 de enero, el encargado del despacho del Fondo de Cultura Económica (FCE), el escritor Paco Ignacio Taibo II, anunció como parte de su proyecto al frente de la dependencia la fusión de las librerías de Educal –del grupo editorial del Estado–, el FCE y la Dirección General de Publicaciones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El 8 de diciembre—según dio cuenta el Sol de México— el escritor refirió que se podrían destinar 285 millones para resolver la “crisis económica” del  FCE y de Educal, pero no precisó si el dinero saldría de los 378.1 millones de pesos etiquetados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.

Por otro lado, de aprobarse la fusión de dependencias en el Congreso de la Unión, la cuantiosa cifra podría ser una herencia que tendría que pagar la SEP, pues las entidades conformarían la Subsecretaría de Diversidad Cultural que quedarían subordinadas a la Secretaría de Educación Pública, según explicó el mismo Taibo.

El CEO solicitó una postura del próximo titular del FCE sobre el tema, pero fue denegada.

Mientras se define el futuro de Educal, Arturo Jiménez se pregunta si este año sí le pagarán su adeudo. A la par, dice, tiene esperanza en que la nueva administración del gobierno federal apoye a los pequeños editores “no con dinero” sino con ventas y capacitación.

Los editores en México somos muy chiquitos. Yo trabajo para editoriales pequeñas mexicanas y te puedo decir que la mayoría de ellas desaparecen después de cinco años porque no tienen cómo mantenerse en el mercado. La única manera de sobrevivir es de las ventas y si los distribuidores nos dan en la torre no hay de donde volver a publicar. Se acaba, menciona.

De acuerdo con la base de datos de EL CEO, la deuda que en 2018 dejó Jaramillo Herrera creció 40% más en comparación al año anterior.

En 2017, el adeudo de Educal a proveedores fue de 64 millones 221,554 pesos. En 2018, aumentó a 82 millones 997,640 pesos. 

En 2017, los ingresos y otros beneficios de Educal ascendieron a 219.5 millones de pesos; entre enero y agosto del año pasado, sumaron 190.4 millones, de acuerdo con el Estado de actividades donde la paraestatal dio cuenta de sus actividades financieras.

Denuncias

Jermán Argueta, director de Crónicas y Leyendas Mexicanas, fue otro de los pequeños proveedores que en 2016 formaron parte del listado de editores independientes que no recibieron pago.

Desde hace 23 años, Crónicas y Leyendas Mexicanas le vende libros a Educal de títulos que abordan la historia de cantinas en la capital, de callejones, de lugares emblemáticos de la Ciudad de México, como la Alameda, entre otras temáticas mexicanas.

Argueta, también promotor cultural, aseguró en entrevista que para julio de 2016 la paraestatal le debía el trimestre de enero-marzo y de abril-junio, por al menos 40,000 pesos, situación que jamás se había presentado en su historial como proveedor de Educal.

Gerardo Jaramillo, quien también fue director del FCE (2009 -2013), presidió Educal en todo el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por la falta de pago, que se extendió a varias firmas, Jermán y otros dos editores, Esteban Ascencio y Arturo Jiménez Vargas, denunciaron en diferentes escritos del Correo Ilustrado de La Jornada, el endeudamiento creciente de la paraestatal.

En la carta pública que Arguerta hizo llegar al diario, además de la petición de audiencia con el entonces primer secretario de Cultura, Rafael Tovar y Teresa, se vislumbró como posible detonador de la retención de los pagos el manejo administrativo de la dirección de Educal, al que calificó como “una maquinaria de tortura”.

Por su parte, Jiménez Vargas detalló que a la falta de pagos se sumó el cambio en la política de distribución de los materiales que se compraban a las pequeñas editoriales.

Según confió, poco antes de presentarse la falta de pagos, Educal además anunció que las firmas interesadas en venderle sus productos deberían encargarse de hacer llegar ellos mismos los títulos a los más de 100 puntos de venta que para ese año la paraestatal posee en todo el país.

Fue terrible, fue un golpazo para mí. Cada uno tendría que hacerse cargo de la distribución, si es queríamos mandarlo. Lo que hice fue ir a la Caniem (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana), me asocié y a través de un convenio que ellos tenían con Multipack, me hicieron descuentos. Fue así como pude resolver el tema de la distribución, comentó Jiménez Vargas.

De acuerdo con la base de datos, en 2016 los ingresos totales de Educal ascendieron a 213 millones 789,883 pesos, de los cuales 35% se destinaron únicamente para el pago de “servicios personales”, es decir, pago de salarios por un total de 73 millones 341,110 pesos.

Tan solo el extitular de Educal percibía, al menos 181,033 pesos mensuales, de acuerdo con la Cuenta Pública 2017.

Ese año, la deuda con editores independientes y privados cerró en 61 millones 760,840 pesos, pero los más afectados fueron los editores independientes a quienes en conjunto se les debía más de una sexta parte, por un total de 13 millones 530,285 pesos.

“Es una política que lleva a la devastación económica a las editoriales”, escribió Argueta en su carta del 14 de julio de 2016.

Las afectaciones también alcanzaron a grandes editoriales.

Larousse Ediciones, Advanced Marketing y Random House Mondadori fueron las firmas grandes a quienes más se les adeudó en 2016.

El CEO buscó a Carlos Anaya Rosique, director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), pero la agrupación que arropa a los principales editoriales del país se limitó a confirmar lo que dijo a Excelsior en diciembre de 2018: Educal debe 35 millones de pesos a varios de sus agremiados.

Malos manejos

En 1982, bajo la escritura pública 21086 el entonces Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Banco Mexicano Sofomex crearon Educal con el propósito de diseñar modelos mexicanos de material didáctico que apoyaran los programas de educación pública.

En la década de 1990, la paraestatal vivió su momento de gloria al consolidarse como la cadena más grande de librerías y tiendas de museo en América Latina, con 98 puntos de venta y presencia en todo el país.

Para 1997, la empresa del Estado además tenía a su cargo la comercialización de libros editados por la Dirección General de Publicaciones de la extinta Conaculta, la distribución de los libros de la Preparatoria Abierta, la distribución y venta de libros y productos culturales generados por instituciones públicas y privadas, además de la posesión de 15% de las librerías del país.

La época de oro pronto terminaría.

De acuerdo con los estados financieros, al menos desde 2013 la paraestatal arrastra una serie de pasivos que incluyen tanto los adeudos con editoriales, así como recursos públicos por juicios laborales y mercantiles.

De hecho, según la auditoria de 2017, la última de la que da cuenta Educal, se tiene un registro de 4 millones 991,501 pesos por concepto de pasivos laborales contingentes, correspondientes a siete demandas de ex servidores públicos en contra de la cadena de librerías.

Además de:

  • 444,459 por tres juicios mercantiles

  • 19 millones 823,107 por un juicio civil

  • 1 millón 480,497 por tres juicios penales

  • 35,050 por un juicio administrativo

“Yo también pensé en demandar a Educal, pero no podía costear el precio del juicio. O pagaba el abogado o salía mi compendio el siguiente año. Desde entonces ya no le distribuyo a Educal. Estoy harto de que me roben”, señaló Arturo Jiménez.

El 1 de marzo de 2017, Jermán Argueta presentó una querella en la Oficina de partes de la Secretaría de Cultura, en la que denunció “malos manejos administrativos de Educal” a cargo de Gerardo Jaramillo.

En la denuncia, el editor da cuenta de las presuntas irregularidades que trabajadores de Educal le harían saber a Argueta de manera anónima por medio de un correo nombrado “contadoreseducal”

Entre las acusaciones, la supuesta Gerencia Técnica Administrativa mencionaban un presunto desfalco de hasta 200,000 pesos, por medio de depósitos fantasmas y uno más por 70 millones de pesos de un fondo del que nadie más volvería a saber.

Asimismo, hablaban de recursos públicos desviados mediante  la adquisición de libreros para ferias facturados al quíntuple de su precio, la renta de bodegas externas también rentadas con sobrecostos y hasta la contratación innecesaria de dos empresas privadas de limpieza.

“La nomina de Educal se ha elevado de manera desproporcionada”, se lee en la denuncia de hechos que también se adjuntó a entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y la entonces secretaria de la Función Pública, Arely Gómez.

También en enero, una vez que se dio a conocer el plan de Taibo, Armenta aseguró que le hizo llegar la misma denuncia.

Puedes apoyar a la población con becas y proyectos de asistencia, pero no habrá una transformación en el país si no se trabaja en torno a la cultura refirió Armenta.