CIBanco demanda al Departamento del Tesoro; alerta sobre riesgo de ‘desaparición inminente’
CIBanco presentó una demanda civil en contra del Departamento del Tesoro por la decisión de cortarle el acceso al sistema financiero de Estados Unidos bajo el argumento de lavado de dinero para organizaciones del crimen organizado.
En la queja levantada ante una corte federal en Washington, la institución financiera señaló que la sanción y orden fueron ilegales al violar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Agregó que la situación ha puesto a la empresa en riesgo de “desaparición inminente” al no darle opción para defenderse. Además de que será un duro golpe para los trabajadores y los cuentahabientes que resultarán afectados.
La queja, que se encuentra dirigida tanto al secretario del Tesoro, Scott Bessent, como a la directora de FinCEN, Andrea Gacki, busca que la corte emita una suspensión provisional y luego permanente a la orden que a partir de septiembre bloqueará al banco del sistema financiero de Estados Unidos.
También se tiene la intención de que la dependencia estadounidense revire sobre cualquier acción tomada y rescinda comunicaciones relativas a la orden. Además, CIBanco busca una indemnización por los daños que ha recibido.
CIBanco no es el único afectado
Entre los daños que ha causado la decisión de las autoridades estadounidenses se encuentran la finalización de la asociación que la firma mexicana tenía con Visa; la compañía de medios de pago proporcionaba servicio para 220,000 tarjetas emitidas por CIBanco. Dicho acuerdo también incluía una cuenta de la institución bancaria en Estados Unidos, mediante la cual realizaba y recibía pagos.
Tras la conclusión de dicha alianza, el pasado 30 de junio 150,000 tarjetas de prepago dejaron de funcionar. Visa también bloqueó 70,000 tarjetas de débito adicionales para que no pudieran ser utilizadas en el extranjero.
CIBanco no ha podido acceder a varias de las cuentas que tiene abiertas en Estados Unidos como parte de sus responsabilidades fiduciarias, en la cuales actualmente tiene más de 38 millones de dólares.
De acuerdo con los abogados del banco mexicano, el potencial colapso, resultado de la sanción, traerá consigo daños colaterales en miles de terceros que dependen directa o indirectamente de la empresa.
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