Falta menos de un mes para que termine la prórroga para que la banca nacional regularice la situación fiscal y laboral del 46% de trabajadores que se encuentran bajo un esquema de un contrato por terceros, mejor conocido como outsourcing.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) registró 119,002 personas bajo un esquema de tercerización en todas las instituciones financieras acreditadas, mientras que 141,417 —el 54%— estaban bajo un contrato directo.
De acuerdo con la reforma, los esquemas de outsourcing solo se permitirán en personal especializado, lo que representará un cambio de reestructura no solo para la banca, sino para miles de empresas que ocupaban este esquema para reducir costos.
A continuación se muestra la evolución de la proporción de empleados por esquema de contratación en los últimos tres años de los principales bancos mexicanos.
BBVA
El banco español, BBVA, resalta por ser el que tiene casi el 100% de toda su plantilla laboral bajo un esquema de outsourcing; aunque mencionó que cumplirá en tiempo y forma las regulaciones vigentes.
Banamex
En contraste, Banamex mantiene a todos sus empleados bajo un régimen laboral directo desde al menos en los últimos tres años.
Santander
La institución ha migrado poco a poco a que todos sus colaboradores a un contrato directo, y a junio tenía 94% de ellos bajo ese esquema.
Banorte
Banorte mantiene una pequeña proporción de sus trabajadores bajo outsourcing, pero se ha mantenido con poca variación desde 2019.
HSBC
El banco tenía a 1,344 personas contratadas por un tercero y el grueso de su equipo (14,171) de forma directa a junio de este año.
Scotiabank
Antes del primer semestre de 2021, la firma contaba con casi la totalidad de su plantilla terciarizada. Con los últimos datos disponibles, están bajo contrato directo apenas el 1% del total de colaboradores.
Banco Azteca
El banco de Ricardo Salinas Pliego es uno con la infraestructura más sólida en cuestiones de número de unidades. No obstante, al menos desde junio de 2019, el total de sus empleados están contratados por un tercero.
La reforma, que entrará vigor en septiembre próximo, prohibe a las empresas realizar actividades que le son propias con trabajadores contratados por un tercero, pero si la empresa necesita un servicio especializado, podrá conservar este esquema.
