Las empresas fantasma se han convertido en un problema que afecta las finanzas del país.
Tras tomar posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que la falsificación de facturas para la evasión fiscal sería considerado un delito grave. Y es que, si quiere evitar el aumento de impuestos al menos en la primera mitad de su gobierno, lo que necesita es recaudar mejor.
De 2014 a la fecha, las empresas fantasma han facturado más de 2 billones de pesos, de acuerdo con información divulgada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Eso equivale al 34% de los 5.84 billones de pesos que el gobierno prevé recaudar en 2019.
Por eso, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentarán en 2019 una propuesta que busca combatir a estas organizaciones, que son aquellas dedicadas a expedir facturas por operaciones simuladas para evadir impuestos.
La propuesta consistirá en que tanto empresas como gobiernos, entes públicos y personas físicas con actividad empresarial, al momento de contratar un servicio, retengan un 10% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 8% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), explicó Jesús Antonio Rodríguez, subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos de Prodecon.
En teoría, todas las personas, físicas o morales, tendrían que pagar sus impuestos por los ingresos que reciben al vender sus servicios, pero ahora lo que se propone es que la persona que compra el servicio sea el que retenga directamente parte de esos impuestos y después los entregue al SAT, explicó el funcionario.
Hoy ya existen cierto tipo de retenciones para casos específicos, por ejemplo, cuando una empresa contrata servicios de una persona física, pero esta propuesta consiste en generalizar la medida al resto de las personas o entidades.
“Esta medida solamente aplicará cuando se contraten servicios porque es más fácil facturar un servicio que es intangible a una factura de 1,000 carros. Esos carros en algún lado los debo tener”, dijo.
Con la aplicación de estas retenciones, adquirir una factura falsa se vuelve más caro.
De acuerdo con investigaciones de la Prodecon, las empresas fantasma cobran entre 4 y 8% del valor de la factura por expedir este documento. Pero con las retenciones que se proponen, el precio de la factura se elevaría a 22 y 26%, lo que, de acuerdo con el funcionario, desincentivaría el negocio.
Para evitar que empresas tengan que solicitar facturas por servicios de bajo impacto, la propuesta incluye solamente operaciones de 100,000 pesos o más. Y excluye algunos servicios masivos como suministro de energía eléctrica, transportación aérea, televisión por cable, telefonía, internet, entre otros.
Las empresas ponen ‘peros’
Un abogado fiscalista relacionado con el diseño de la propuesta y que pidió no ser citado, dijo que este mecanismo podría inyectar presión a las operaciones de algunas empresas y les agregará carga administrativa.
“Si una empresa legítima que paga sus impuestos entregó un servicio, le va a entrar menos dinero a su negocio porque le van a hacer esas retenciones, eso los dificulta a ellos a pagar a proveedores”, ejemplificó el especialista.
Por otro lado, el hecho de que le hagan retenciones constantes va a generar que, al momento en el que la empresa tenga que pagar impuestos ante el SAT, quizá en lugar de pagar, va a tener saldos a favor. Eso es bueno, el problema es que el SAT efectivamente lo devuelva, explicó.
Para contrarrestar ese efecto, el funcionario de Prodecon dijo que la propuesta también incluirá nuevos mecanismos para agilizar la devolución de los impuestos, la compensación o acreditamientos inmediatos.
Según el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y miembro de partido Morena, la propuesta se presentará en los primeros meses de 2019.
La propuesta punto por punto
- Propone que ciertos contribuyentes retengan 10% del IVA y 8% del ISR cuando contraten un servicio.
- La retención deberían hacerla empresas, gobiernos, entes públicos y personas físicas con actividad empresarial y profesional.
- Está enfocada solamente en la facturación de servicios.
- Aplica para operaciones arriba de 100,000 pesos.
- Excluye servicios masivos como suministro de energía eléctrica, transportación aérea, televisión por cable, telefonía, internet, entre otros.
Fuente: Prodecon.
