El fabricante de gas industrial Air Liquide se encuentra presionando al gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para obtener respuestas sobre la expropiación de su planta de procesamiento de hidrógeno en Hidalgo. 

Las autoridades mexicanas ordenaron la ocupación de las instalaciones ubicadas en la refinería de Tula el pasado 29 de diciembre para ponerla en manos de Pemex Transformación Industrial, el brazo refinador de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno mexicano busca pagar una compensación a la firma con sede en París, Francia. La transacción se realizará a través de la petrolera del Estado. 

Air Liquide dijo estar en contacto con las autoridades para tener mayor claridad y se encuentra revisando las opciones en el contexto actual de la situación

Air Liquide se compromete a operar dentro del marco legal de todas las jurisdicciones donde opera

indicó la firma. 

AMLO y sus conflictos con la IP

En abril del año pasado, el mandatario mexicano anunció la compra de activos energéticos de Iberdrola a cambio de 6,000 millones de dólares, ello después de que la española debiera afrontar algunas dificultades para realizar sus negocios en la actual administración.

Posteriormente, las autoridades federales se apoderaron de un tramo de línea ferroviaria perteneciente a Grupo México, del multimillonario Germán Larrea. 

AMLO también señaló a Vulcan Materials de presuntos daños ambientales, por lo que envió a la fuerzas armadas a ocupar su terreno. La firma con sede en Alabama considera que las acciones son ilegales y se ha sumado a los casos de arbitraje en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

La refinería de Tula alberga uno de los hidrotratadores más grandes de México, que utiliza hidrógeno para eliminar el azufre del diésel y la gasolina. 

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Con información de Bloomberg