Las medidas que protegían a las familias que presentan adeudos de alquiler en Estados Unidos expiraron el fin de semana pasado, por lo que millones corren riesgo de ser desalojados de sus hogares en pleno repunte de contagios por COVID-19.
Los congresistas de la Cámara de Representantes no lograron un consenso durante su sesión del fin de semana pasado, por lo que hasta el momento no se ha aprobado otorgar tiempo adicional a los inquilinos en dificultades. No obstante, una comisión parlamentaria propuso extender la moratoria hasta el 31 de diciembre; sin embargo, no consiguió el apoyo suficiente, ni siquiera en las filas demócratas.
“Desafortunadamente, ni un solo republicano apoya esta medida. (…) Es muy decepcionante que los republicanos en la Cámara y el Senado se hayan negado a trabajar con nosotros en este tema”, lamentó la presidenta demócrata de la cámara baja, Nancy Pelosi, en un comunicado.
Pese a que el partido demócrata busca un acuerdo bipartidista para extender la protección contra los desalojos por deuda, los legisladores de la Cámara de Representantes iniciaron su periodo vacacional que abarca al mes de agosto, de igual forma, en una semana el Senado estadounidense inicia vacaciones, por lo que se descarta cualquier esperanza de un acuerdo en el corto plazo
De último momento
Más de 10 millones de personas están atrasadas en el pago de su alquiler, de acuerdo con estimaciones de CBPP, un instituto de investigación independiente, y unos 3.6 millones de inquilinos creen que corren el riesgo de ser desalojados en los próximos dos meses, según un estudio de la Oficina de Estadísticas realizado a principios de julio, con un total de 51 millones de inquilinos encuestados.
A su vez, el presidente Joe Biden pidió al Congreso que extienda la moratoria, luego de que en junio un fallo de la Corte Suprema estableciera que la Casa Blanca no podía hacerlo, sin embargo, varios legisladores le reprocharon haber esperado hasta el último momento.
Ayuda financiera bloqueada
A esta situación se suma que el dinero destinado por el gobierno federal para ayudar a las personas y familias en dificultades para pagar el alquiler llega a cuentagotas a sus cuentas bancarias.
Ese dinero se entrega a los estados y las comunidades locales, que luego son responsables de distribuir la ayuda a los hogares. Sin embargo, esto requiere el establecimiento de sistemas complejos para recibir solicitudes, verificar situaciones y, solo entonces, entregar la ayuda.
El resultado: de los 46,000 millones de dólares previstos por el gobierno, incluidos 25,000 millones desembolsados a principios de febrero, solo 3,000 millones han llegado a su destino.
Con información de AFP
