Juez fija fecha por demanda de México a empresas de armas de EU
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Juez programa fecha de audiencia sobre demanda de México a fabricantes de armas en EU

Juez programa fecha de audiencia sobre demanda de México a fabricantes de armas en EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue notificada por la Corte Federal de Boston, Massachusetts, para que el próximo 12 de abril presente sus alegatos orales como parte de la demanda que México interpuso el 4 de agosto del 2021 contra empresas de armas de Estados Unidos.

Mediante un comunicado de la SRE, se informó que el juez federal F. Dennis Saylor IV, juez en jefe de la Corte Federal en Boston, fijó la fecha de audiencia para conocer de forma virtual los alegatos del Gobierno de México y de las empresas estadounidenses demandadas. 

En la audiencia, el juez federal escuchará las posiciones de cada parte para evaluarlas en conjunto con los argumentos presentados en el escrito inicial de demanda, contestación y defensas, réplica y contrarréplica, así como en los siete escritos de amigos de la corte, para determinar si el juicio puede continuar a su siguiente etapa.

El lunes, las empresas de armas ligeras presentaron su contrarréplica a los señalamientos de la demanda del gobierno de México, de actuar bajo prácticas negligentes en sus negocios, lo que favorece el tráfico de armas a nuestro país y la creciente violencia.

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Biden anuncia nuevo veto

El presidente estadounidense, Joe Biden, promulgó el martes el presupuesto para el año fiscal 2022 y, con ello, oficializa el veto al uso de los recursos para la militarización de la seguridad en México.

Biden promulgó la ley por un total de 1.5 billones de dólares en gastos federales para el nuevo año fiscal, luego de que fuera avalada por la Cámara de Representantes y el Senado.

Ese presupuesto no incluye la partida de gastos por 13,600 millones de dólares para ayuda militar y humanitaria a Ucrania.

Dicho presupuesto incluye poco más de 158 millones de dólares en ayuda bilateral para México. 

Sin embargo, tal como se había estipulado en julio del año pasado, los recursos no podrán ser utilizados para los militares mexicanos asignados a tareas de seguridad pública. Con la promulgación de la ley, ese veto se vuelve oficial.

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