Pese a las restricciones impuestas para las personas no inmunizadas, muchos franceses siguen resistiéndose a vacunarse contra el COVID-19 y algunos recurren al mercado negro que florece en las redes sociales para procurarse certificados sanitarios falsos.
Coralie, una veinteañera que trabaja como peluquera en París, encontró en Snapchat, en apenas unos clics, un vendedor dispuesto a suministrarle este justificante falso.
“Pagué 300 euros (unos 350 dólares), pero al menos así estoy tranquila”, dice.
Basta con escribir en el botón de búsqueda “Certificado sanitario” o “Vacuna COVID” para encontrar decenas de ofertas en esta red social, popular entre los más jóvenes. Los precios oscilan entre los 150 y los 350 euros (180 y 410 dólares).
Coralie mostró una captura de pantalla de la breve comunicación que tuvo con el vendedor a través de Signal, una aplicación de mensajería ultrasegura.
“Me pidió mi nombre completo, un número de seguridad social y una dirección de correo electrónico”, cuenta. Menos de 24 horas después, recibió su pasaporte sanitario.
Este salvoconducto, que se puede descargar en el teléfono o presentar impreso, es obligatorio en Francia para entrar en restaurantes, bares o cines, hacer viajes en trenes de larga distancia o tomar vuelos domésticos.
Lo poseen el 62.8% de los franceses ya inoculados con las dos dosis de vacuna anticovid (unos 42 millones de personas) y quienes tuvieron el virus en los últimos seis meses. El resto debe someterse regularmente a test de diagnóstico o directamente renunciar a las actividades de ocio.
“La semana pasada estuve de vacaciones. Sin ese documento no habría podido salir a comer a restaurantes, ni bañarme en la piscina del hotel”, explica la joven, intentando justificar su decisión, que le podría acarrear hasta tres años de cárcel.
Para los vendedores, la pena es de hasta 5 años de cárcel y multa de 150,000 euros (176,000 dólares).
Añadió que “esta vacuna se hizo muy rápido”, cree Coralie. “No voy a dejar que me pongan cualquier cosa en el cuerpo. Este es mi pasaporte a la libertad”.
72 horas de libertad
“No sé qué contiene la vacuna ni qué hará a mi cuerpo. ¡Tengo derecho a no vacunarme!”, coincide Martin, un treintañero que participa religiosamente cada semana en las protestas contra el certificado sanitario en Francia.
Aunque la mayoría de sus amigos ya están vacunados con las dos dosis, este joven, que pidió omitir su apellido por miedo a ser “estigmatizado”, prefiere “esperar unos meses y ver los resultados en quienes sí se la pusieron”.
Para poder seguir disfrutando una vida social los fines de semana, Martin se realiza cada viernes un test de antígenos en una farmacia cercana a su casa.
“Es tedioso, pero prefiero esto que vacunarme”, dice. Quince minutos después, recibe un código QR por correo electrónico. “Negativo”, señala, levantando las cejas. Este documento le abrirá durante 72 horas las puertas a una vida “normal”.
Desde que se extendió por ley el certificado sanitario a restaurantes y bares a inicios de agosto, la demanda de test se ha disparado en toda Francia. La semana pasada se realizaron seis millones de pruebas, una cifra récord.
No obstante, las pruebas de diagnóstico, actualmente cubiertas por la seguridad social y que cuestan millones de euros por semana al Estado francés, dejarán de ser gratuitas a partir de mediados de octubre, con el fin de alentar a más personas a vacunarse.
Los franceses deberán pagar de su bolsillo 48,89 euros (57 dólares) para hacerse una PCR y 25 euros (29 dólares) para un test de antígenos, salvo si es prescrito por un médico o si la persona ha tenido contacto directo con una persona con COVID-19.
“Si tengo que pagar, pagaré”, dice resignado Martin, aunque no descarta tampoco “comprar” un certificado si las restricciones duran.
