La corte federal de Estados Unidos que examina la demanda de México contra los principales fabricantes de armas estadounidenses fijó los plazos de la primera etapa del proceso, informó este domingo la cancillería mexicana a través de un comunicado.
La entidad confirmó que el viernes pasado la corte federal del distrito de Massachusetts aprobó el calendario propuesto por las partes.
“Las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponer las defensas legales que estimen pertinentes”, señala el comunicado.
Luego de ello, el gobierno mexicano tendrá hasta el 31 de enero de 2022 para responder y las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022. Se espera que el proceso concluya en el primer semestre de ese año.
📄Corte federal de EE. UU. ordena calendario para primera etapa del litigio del Gobierno de México contra empresas de armas.https://t.co/9fZsSzGiRH pic.twitter.com/Cf8Hosf4tX
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 19, 2021
A inicios de agosto, el gobierno mexicano demandó a nueve fabricantes y dos distribuidores —incluyendo a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett— por lo que consideró un comercio “negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio.
El gobierno mexicano sostiene que entre 70% y 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México han sido traficadas desde Estados Unidos.
La demanda, sin precedentes en la relación bilateral, fue aceptada por la justicia estadounidense unas dos semanas después de presentada.
México es azotado por una vorágine de violencia desde diciembre de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
Desde entonces, según cifras gubernamentales, más de 300,000 personas han sido asesinadas en México, la mayoría con armas de fuego y en hechos relacionados con el narcotráfico.
En México existe un estricto control de armas que hace prácticamente imposible acceder a ellas por vías legales.
