La Corte Suprema de Reino Unido dio un revés a la decisión de Boris Johnson de suspender el Parlamento previo al Brexit, que tiene como fecha límite el 31 de octubre.
La decisión de los 11 jueces de la Corte Suprema de Londres se dio después de tres días de visitas y cuatro de deliberación, y dictaminaron de manera unánime la suspensión parlamentaria como “nula y sin efecto”.
Johnson, quien se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, afirmó estar “profundamente en desacuerdo con lo que los jueces dictaron”.
No cabe duda de que hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit. Este es obviamente un veredicto que respetaremos,
aseguró el primer ministro británico.
En tanto, la presidenta de la Corte, Brenda Hale precisó que la medida de Johnson era ilegal.
“(La decisión de) suspender el Parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, afirmó Hale.
En consecuencia los legisladores volverán al trabajo el miércoles por la mañana, anunció el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, quien había denunciado la medida como un “ultraje constitucional”.
“Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir”, afirmó el legislador nacionalista escocés Ian Blackford.
También desde el congreso anual del Partido Laborista en Brighton, Inglaterra, el líder de la oposición Jeremy Corbyn llamó al primer ministro a renunciar.
Este dramático golpe se suma a los reveses recibidos por Johnson en las últimas semanas.
Antes de la suspensión parlamentaria, el premier sufrió una rebelión entre los legisladores conservadores, perdió la mayoría absoluta, vio aprobada una ley que le obligaría a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit y denegada su propuesta de elecciones anticipadas para salir del bloqueo.
Johnson llama a elecciones
El primer ministro renovó este martes desde Nueva York su llamado a elecciones en Reino Unido, después de que la Corte Suprema consideró “ilegal” su decisión de suspender el parlamento antes del Brexit.
“Lo obvio es llamar a elecciones. Jeremy Corbyn está diciendo cosas ilógicas”, dijo en referencia al líder opositor laborista, antes de subir a su auto tras participar en un encuentro con empresarios durante su estancia en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.
Los precedentes de la suspensión del Parlamento
Las dos cámaras del Parlamento británico vieron sus labores suspendidas durante cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, o sea, hasta solo dos semanas antes del Brexit.
Johnson argumentó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno, pero que suele prolongarse solo unos 10 días.
Pero legisladores y activistas proeuropeos lo acusaron de haber tomado esta medida para amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre.
La suspensión provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales que desembocaron en recursos ante la Corte Suprema después de que un tribunal de Edimburgo y otro de Londres dictaran sentencias contradictorias.
Posturas del gobierno y Corte Suprema
Dada la importancia de la cuestión, la Corte Suprema puso en el caso a 11 de sus 12 magistrados, el máximo posible para evitar un empate.
Los 11 magistrados escucharon la semana pasada los argumentos de los demandantes y de los abogados del gobierno.
Una las principales querellas había sido iniciada por la conocida empresaria y activista antibrexit Gina Miller, quien en 2017 ganó una batalla jurídica clave sobre el Brexit contra el gobierno de Theresa May.
Su abogado, David Pannick, alegó que la duración de la suspensión demostraba que el objetivo de Johnson era “silenciar al Parlamento”.
El gobierno defendió que no correspondía a la justicia pronunciarse sobre la suspensión parlamentaria, dado que la decisión del primer ministro era “fundamentalmente de naturaleza política” y pertenecía “al terreno del juicio político, no las normas legales”.
Ahora, “los diputados deben ser valientes y audaces y pedir cuentas a este gobierno sin escrúpulos”, lanzó Miller tras conocerse la sentencia.
